Cámara de imputados

Una vez iniciada la campaña electoral que ha convocado a los votantes españoles para las elecciones generales que tendrán lugar el próximo día 20 de diciembre y que traerán sin duda múltiples y variopintas promesas políticas por parte de los cabezas de lista de las distintas formaciones políticas, que discurrirán, como suele ser habitual, entre lo idílico y lo utópico, conviene recordar y refrescar en la mente de todos los votantes, que cualquier sistema corrupto que se precie y la partitocracia española sin duda lo es, debe dotarse, por definición, de los mecanismos necesarios para poder proteger adecuadamente a sus protagonistas. De entre todos estos posibles mecanismos, al menos tres tienen reconocida la condición de imprescindibles: una fiscalía cautiva y al servicio del Ejecutivo, un poder judicial diseñado y confeccionado a medida para proteger los intereses, no siempre lícitos, de la clase política y el blindaje judicial de la misma a través del aforamiento que, en realidad, no consiste más que en dotar de un status de impunidad a toda la clase política acogida a él. Si a esto añadimos la potestad que tiene el Gobierno para expedir indultos de forma arbitraria, el resultado obtenido es la mismísima España, el paraíso de las corruptelas políticas.

Pero todo sistema corrupto, además de “Tribunales de Casta” y leyes arbitrarias e injustas, necesita como complemento imprescindible, la existencia de determinadas instituciones en las que poder colocar y proteger a sus individuos más expuestos a la acción de la justicia, aplicando el principio jurídico de que “cuando un ladrón se convierte en legislador, se siente protegido”. Entre las numerosas instituciones que cumplen esta función en España se encuentra a la cabeza de las mismas y de forma destacada, el Senado, una cámara tan inútil y prescindible como costosa, que cuesta a los españoles en torno a los 60 millones de euros anuales, destino natural de todos los políticos que, en el ejercicio de su cargo, han sido imputados o bien derrotados en los procesos electorales. Algunos personajes tan relevantes como los expresidentes de la Junta de Andalucía, sus señorías don Manuel Chaves y don José Antonio Griñán, ya exsenadores, o las más recientes y brillantes incorporaciones de los valencianos don Francisco Camps y doña Rita Barberá, constituyen un ilustrativo prototipo del senador español y son una buena demostración de lo que decimos, cuya presencia en esa institución constituye una ofensa para el conjunto de los ciudadanos españoles a la vez que supone un absoluto descrédito para dicha Cámara.

Mientras la casta política española lleva lustros prometiendo que tratará de reformar, sin resultado alguno hasta el momento, la cámara alta, para procurar dotarla de algún contenido político y justificar así su hasta ahora insustancial existencia, me gustaría recordar que ya en los lejanos y azarosos años de la guerra de independencia norteamericana uno de sus más relevantes ideólogos, Thomas Paine, defendía apasionadamente para esa democracia el modelo de cámara única frente al bicameralismo inglés, alegando que así se evitarían las medidas obstruccionistas que suponen las cámaras altas, cuyos miembros “tienden a mirar más por sus propios beneficios que por los intereses generales del Estado”. Dicha afirmación ha sido elevada a su expresión más sublime en la Democracia española, en la que el Senado ha dejado de ser una cámara de representación ciudadana para convertirse definitivamente en una vulgar, inútil y costosa Cámara de Imputados, refugio jurídico y retiro dorado de muchos de los innumerables delincuentes e incompetentes que nutren esta singular partitocracia de transición, lo que ha traído como consecuencia el absoluto descrédito de la misma y, por ende, el desprestigio de la propia Democracia, un régimen que en España vive aquejado de un verdadero trastorno bipolar, con una clase política esencialmente mediocre, que se reparte entre los nostálgicos por la pasada dictadura y los sectarios ansiosos de revivir y aplicar las doctrinas bolcheviques de la extinta unión soviética. Dicha alteración bipolar se ve perfectamente representada en sus dos cámaras de representación popular: la de los Diputados y la de los Imputados.

Hacemos votos para que al menos alguno de los programas electorales que nos presenten las distintas formaciones políticas durante esta campaña, hasta las elecciones del próximo 20 D, defienda, de una vez por todas, el cierre definitivo del Senado y acabe así con la vergüenza colectiva que supone su existencia.