Agitadores sociales

Ada Colau, cuya única profesión hasta ahora, una vez que fracasó como actriz, era la de “agitadora social”, vivía de subvenciones a sus plataformas antidesahucios pagadas con nuestros impuestos hasta ser elegida alcaldesa de Barcelona.

Acaba de presentarse en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de su ciudad para exigir su cierre y la libertad para todos los inmigrantes indocumentados retenidos allí.

En Madrid, sus camaradas de la izquierda chavista y anarquista que se identifica con Podemos, se manifestaban contra la condena a cuatro años de prisión para Alfonso Fernández Ortega, de 25 años, que en la huelga general del 14 de noviembre de 2012 fue detenido con una mochila con explosivos caseros.

Alfon, como se le conoce, tenía ya un probado historial delictivo que incluía al menos agresiones, robos y tráfico de estupefacientes, pero como es hijo de otra conocida “agitadora social”, Elena Ortega, sus colegas lo han convertido en un “preso político”.

La detención, dictada por el Supremo tras muchos recursos de su familia y camaradas, tuvo que ser ejecutada la semana pasada por decenas de policías a los que se les enfrentaron cientos de militantes antisistema, la base popular de Podemos.

Ahora Madrid, la rama electoral de Podemos, se ha adherido oficialmente a la exigencia de su liberación y sus portavoces lo presentan como víctima del “represivo régimen del 78”.

Más aún, para muchos esto es peor que Venezuela, como repite incansablemente el compañero Nicolás Maduro.

Ada Colau sabe que el Gobierno no va a cerrar los CIE porque su solo existencia disuade a muchos más indocumentados de llegar hasta aquí.

Pero a saber que harían Podemos y esta alcaldesa o la de Madrid con todos ellos sin poder proporcionarles trabajo, ni siquiera como fructíferos “agitadores sociales”.