Aborto: 2ª causa de muerte en España

Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona (Declaración Universal de los Derechos Humanos).
Recientemente ha tenido lugar en Madrid una multitudinaria manifestación convocada por varias organizaciones provida, decepcionados por el incumplimiento de las promesas electorales que el gobierno del PP había hecho sobre este tema, en contra de la ley del aborto y en defensa del derecho a la vida.

Desde el punto de vista político es sencillamente irrelevante que Rajoy y su gobierno, que han incumplido sistemáticamente todas y cada una de sus promesas electorales, acabara también incumpliendo la que se comprometía a abolir la ley de plazos aprobada durante el gobierno del insubstancial Zapatero; pero que los ciudadanos de un país tengan que salir a la calle para manifestarse en defensa del derecho a la vida, ya es todo un síntoma y nos da una idea del tipo de sociedad de la que estamos hablando.

Lo que nos cuestionamos no son tanto las decisiones políticas de un gobierno al que consideramos básicamente fraudulento, sino los fundamentos éticos de una sociedad que ha venido protestando sistemáticamente por todos los recortes llevados a cabo por aquel en todas las partidas presupuestarias destinadas a la protección social, aplauda sin embargo, diría que incluso entusiásticamente, que se destinen parte de esos mismos presupuestos a mantener a una serie de clínicas privadas que han convertido la lúgubre labor de acabar con la vida humana en un lucrativo negocio, pagado además gracias al esfuerzo impositivo de todos los españoles.

Si nos remitimos a la cifra de abortos realizados en España durante el año 2012, que son las últimas publicadas, y las comparamos con las cifras de mortalidad global publicadas por el INE durante ese mismo año, encontraremos que, durante ese año, las cifras de mortalidad fueron un total de 402.950 individuos, la mayor parte por patologías cardiovasculares(122.097 personas), seguidas por las patologías de origen tumoral(110.993), las de origen respiratorio(47.336), las originadas por patologías del sistema nervioso(22.089) y las originadas en el aparato digestivo(19.797 personas). Por su parte durante ese mismo año y tras ser aprobada la ley de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo el 5 de julio del 2010, la cifra de abortos realizados en España durante ese año 2012 ascendió a 112.390 individuos, (cifra que no incluye a los abortos farmacológicos), lo que supone aproximadamente el 20% del total de los nacimientos ocurridos en España durante ese año.

Un simple análisis de las cifras nos permitirá observar que, de ser incluido entre las causas de mortalidad, el aborto sería la segunda causa de mortalidad en España, tras las enfermedades de origen cardiovascular y superaría a éstas si se incluyeran en la cifra total los abortos provocados farmacológicamente, superando a su vez al total de las personas fallecidas por cualquier patología de origen tumoral. Por su parte, el número de fallecidos debido al aborto supera ampliamente al total de individuos fallecidos por cualquier patología de origen respiratorio, nervioso o digestivo, juntas.

La gran paradoja de este enredo es que los impuestos, fruto del sacrificio de todos los españoles, que empleamos en el sistema nacional de salud para intentar reducir los índices de mortalidad de individuos que en muchos de los casos no tienen expectativa alguna de curación de sus patologías y que tan sañudamente han ido sufriendo progresivos recortes durante los últimos años, en virtud de decisiones políticas nunca suficientemente explicadas, son los mismos que esas autoridades políticas, con la complacencia general del respetable, dilapidan sin límite alguno para financiar a las clínicas abortistas dedicadas a acabar con la incipiente vida de cientos de miles de individuos que no padecen patología alguna, impidiendo así el nacimiento de nuevos ciudadanos imprescindibles para completar el natural relevo generacional, lo que está contribuyendo a agravar todavía más el gran problema demográfico que estamos padeciendo en este país desde hace décadas.

Al margen de las consideraciones anteriores y recordando el mencionado artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que proclama el derecho irrenunciable a la vida que posee cualquier ser humano, me gustaría abundar en el convencimiento profundo de que ningún individuo, organización o Estado, por poderoso que sea, puede atribuirse la potestad de legislar sobre el derecho a la vida humana, un derecho que debería ser incuestionable ya que, faltando a él, todos los demás derechos ciudadanos carecen del más mínimo sentido. El contradecir este principio no es más que el retrato de una sociedad egoísta, desorientada y carente de cualquier fundamento ético, que ha organizado su pensamiento y su conducta en torno a la primera persona del singular, ignorando la riqueza intelectual y la grandeza moral que suponen el saber conjugar y compartir todos los demás tiempos verbales.