Una Fiscalía de vasallaje

Es posible que muchos lucenses ya no recuerden los hechos acaecidos en el año 2006 cuando, con un despliegue policial más apropiado para una redada antiterrorista que para una infracción administrativa el, por aquel entonces, fiscal jefe de Lugo, don Jesús Izaguirre, se presentó en las dependencias de la Diputación de Lugo, con un impresionante operativo, tanto policial como mediático, para proceder al registro de las dichas dependencias en busca de un material que permitiera encausar al Presidente y a varios funcionarios de la misma, con la consabida repercusión mediática, tanto en Lugo como en el resto del país.

Transcurridos más de ocho años desde el inicio del procedimiento y múltiples ríos de tinta aclaratorios sobre el desarrollo del mismo, acabamos de conocer su intrascendente desenlace, resuelto tras un breve juicio celebrado la pasada semana en Lugo y que duró exactamente cinco minutos, y que no es otro que el sobreseimiento del principal encausado, el expresidente de la diputación lucense, don Francisco Cacharro Pardo, para el que se llegaron a pedir penas de 3 años de cárcel y diez años de inhabilitación para cargo público y la imposición de multas de 3.600 euros únicamente a dos de los múltiples encausados.

Nada más lejos de mi intención que el pretender defender desde esta tribuna al señor Cacharro Pardo, a quien siempre he considerado como uno de los más genuinos representantes de lo que ha significado y significa el caciquismo del que padece de forma endémica la administración gallega pero, al igual que hace unos años fueron muchos los columnistas que acudieron oportunistas a tratar de hacer leña del bastión pepero caído, son también muchos los que ahora, con su silencio, reconocen sus excesos pasados, dejando que el asunto se diluya en las tinieblas del olvido.

Sería también de agradecer alguna pronunciación por parte del principal protagonista de aquella iniciativa, el fiscal Izaguirre, sobre quien se ciernen fundadas sospechas de haber actuado guiado por un simple partidismo político en este asunto, dado que a nadie se le escapa el carácter jerárquico que caracteriza a su ministerio y la designación del Fiscal General del Estado, su superior jerárquico, por parte del gobierno y que, por aquel año 2006, en plena efervescencia del delirio zapaterista, dicha designación recayó en don Cándido Conde Pumpido.

Transcurridos los años y tras la inmensa parafernalia desarrollada en torno a la misma, queda demostrado que con la actuación del Fiscal Izaguirre es probable que se haya conseguido el objetivo fundamental de la operación muralla, que no era otro que apartar al señor Cacharro de la Diputación de Lugo, un objetivo político indigno de un representante judicial pero, a cambio, sus protagonistas han contribuido, voluntaria o involuntariamente, a desprestigiar todavía un poco más a la institución que debería ser su verdadera vocación: la administración de Justicia.