Aborto: A propósito de un anteproyecto de Ley

Vivimos en una época por la que sobrevuela un preocupante relativismo moral con el que la ciudadanía trivializa los acontecimientos más dramáticos con increíble tolerancia, tal ocurre con la grave cuestión del aborto que las gentes admiten con benevolencia, acaso como un aceptable mal menor. Así, es significativo que el Consejo General de Colegios Médicos en declaraciones recientes a propósito del Anteproyecto de la popular Ley del Aborto si bien considera al no nacido, como bien jurídico a proteger, pareciera transigir en su estricta obligación de defender la vida desde el inicio hasta su final, propiciando reparos y objeciones. En tal aparente dirección, un numeroso grupo de sanitarios (60% de médicos) se manifestó, en esta capital, contra dicho Anteproyecto por “no ser acorde” con la realidad social de la mayoría, y por poner en peligro la vida de las mujeres embarazadas (habría que puntualizarles que esa mortalidad materna es, hoy en España, excepcional, y en lo arbitrario y perverso de tal consenso social).

“La cuestión, el ser o no ser de nuestros días, no está en que exista el mal, sino en que nos hagamos a la idea de que es necesario admitir su presencia. Desde siempre, el hombre ha combatido el mal. Ahora, sin embargo, parece que nos rendimos ante su realidad ineluctable”, ha dicho Javier Reverte, y añade: debemos habituarnos a dormir con el Diablo. Palabras que entiendo al advertir el nihilismo moral de expertos mundiales en Bioética, como Peter Singer, que no sólo admiten el aborto libre en los primeros meses de gestación sino el infanticidio de bebés con más de un mes de vida extrauterina, a favor de hipótesis rebatibles sobre el concepto de que fetos y recién nacidos no son personas.

A tal grado de degradación ética espero que no lleguen las mujeres de nuestro país, ni, por descontado, las madres de tales homigénitos y neonatos. Y será un honor, en este punto de manifiesta maldad - de ese mal social - alejarnos de la progresista Europa, y no por un simple ejercicio de anacrónico reduccionismo sino porque el feto es ya, estimamos, una persona humana con potencialidades todavía no actualizadas, que se desarrolla como individuo de la propia especie y con enormes deseos de sobrevivir. Y no cabe entender que un feto tenga sólo la mitad o tres cuartos de persona y que poco después de nacimiento, lo sea ya del todo, por completo.

Hora es, después de dicha observación, que en este momento de propuestas demagógicas en manifestaciones de apoyo al aborto libre (como si fuera una conquista en la emancipación de la mujer), procuremos situar la cuestión en términos asequibles y reales.

Por de pronto, se debiera evitar que las jóvenes crean, quizá de buena fe, que el aborto inducido sea una prolongación de la praxis anticonceptiva, un método de anticoncepción corrector de fallos o negligencias previas, en el marco de la actual permisividad sexual libérrima (y nada responsable). Porque bien está la autonomía femenina, también sexual, pero es más problemática su finalidad utilitarista, a favor de pretensiones objetables, e indefendible si atenta contra el bien jurídico del no nacido, por muy primitivo que éste parezca, pero realidad humana ya en marcha.

Consideremos los pretendidos derechos de la mujer:

1. El abortar no es un derecho absoluto de la mujer -ningún derecho lo es- y resulta tan discutible el “nosotras parimos, nosotras decidimos” como lo es su derecho a suicidarse, a prostituir su cuerpo, o a drogarse mortalmente. No hay tal imperativo derecho femenino, concepto ya superado en el Parlamento Europeo, sino, en todo caso, “un drama a regular por el legislador”.

2. Los derechos de la mujer no pueden tener primacía sobre la vida del ser nonato (salvo en muy contados casos). Las éticas modernas argumentan a favor no sólo de la autonomía femenina, sino también del bienestar del prójimo. En el aborto, hay un otro, un ser vivo, débil e indefenso, al que no se puede destruir: es más, corresponderá a la madre la decisión última de su pervivencia.

Debemos validar, por tanto, este principio moral de que ante la lesión o menoscabo del otro ahí terminan mis derechos. ¿Y habrá un daño mayor que despreciar una vida? pues no se trata de desechar un simple conglomerado de células inútiles, inespecíficas, sino de células pluripotenciales, llenas de vitalidad, de gran capacidad creadora, que vehiculan todo un destino futuro (si no se las destruye).

Sólo hasta ese límite, al momento en que daña o elimina al otro ser que lleva en su seno, a ese minúsculo e íntimo prójimo, sólo hasta ahí llegan los derechos de la mujer. Y hasta ahí alcanza su libertad y su pretendido beneficio, que no su felicidad.

En cambio, hay, sí, unos derechos de la mujer embarazada a ser protegida económica, social y sanitariamente por las Instituciones del Estado (y de otras afines, no estatales, y por las familias), en particular de aquellas gestantes más desamparadas por la inesperada situación sociofamiliar o por su manifiesta precariedad económica. Y, de modo general, existe el derecho de todas las mujeres grávidas a exigir su posterior blindaje profesional y sus ulteriores circunstancias laborales, de horarios, licencias postparto, guarderías, exenciones fiscales, protección de discapacidades. Mujeres - todas ellas - que necesitan los cuidados médicos y socio-económicos precisos para tener hijos fuertes y sanos.

Creemos que en esta cuestión de ayuda y protección a la maternidad el Anteproyecto se queda corto, y debiera ser más generoso, preciso y contundente. Y aquí, en tales perspectivas, si caben los consensos entre las fuerzas políticas, sobre todo en las atenciones a la medicina materno-fetal: las consultas periódicas, el consejo genético, los cribados bioquímicos o ecográficos, de modo especial en las mujeres de riesgo (por su edad, antecedentes hereditarios, o concomitancia de infecciones, tóxicos, radiaciones o fármacos con capacidad teratógena). Habrá de insistir la Ley en la prevención clínica y seguimiento terapéutico, debidos.

El tema de las malformaciones no puede tratarse aquí con prolijidad. Sabemos que los abortos espontáneos corresponden a la eliminación natural de defectos embrionarios graves: de los demás, de los que perduran, físicos o funcionales, alguno amenaza la vida del feto, otros siendo importantes son subsanables. Enfermedades genéticas, errores congénitos de metabolismo, queda todo un amplio campo a prevenir o tratar, a investigar, a proteger y legislar. (Pero cuidado con los procesos de simple inestabilidad psicológica en las gestantes ante tales anomalías - no se trata de enfermas mentales -, síndromes de temor o ansiedad que sirvan como pretexto para justificar un aborto, como ha ocurrido estos últimos años, en los que el 90% de las “interrupciones” fue motivado por quebranto psicológico).

Existe, por último, otro derecho que se olvida. Me refiero a que el embarazo es cosa de dos, y una parte de la carga cromosómica, de los genes - unidades de vida - del nascituro, pertenece al progenitor; y al ser ya nacido le corresponderán en el futuro rasgos fisonómicos, el color de los ojos, su constitución o la capacidad artística, provenientes del padre biológico, al cual corresponden, a la vez, deberes legales sobre el niño, la pensión económica a la pareja, etc. (En sentido adverso, no es infrecuente que la ruindad moral del progenitor se vuelva contra la joven, aconsejándola que aborte, cuando a ella le gustaría seguir con su gestación). Por todo ello se reivindica aquí la responsabilidad del padre y su derecho a la paternidad.

Es necesario por ello que los jóvenes tengan una responsabilidad procreativa si no quieren ser madres (o padres) contra su voluntad, para lo cual deben eludir un comportamiento sexual muy irregular, y tener acceso, en lo que insiste el Proyecto, a una veraz información sobre la sexualidad y la praxis anticonceptiva legal y legítima.

Recordemos que “el aborto es un importante castigo genético“(120.000 al año, en nuestro país) y supone la interrupción de la transmisión patrimonial, hereditaria, propia de una sociedad obligada a prolongarse en generaciones sucesivas. Es más, las graves circunstancias demográficas actuales de España – la pérdida de población - reclaman una mayor fertilidad de la mujer y el advenimiento de muchos niños.

Y concluyo, por dónde debía haber empezado. El designado” Anteproyecto de Ley de Protección al no nacido y a la mujer embarazada”, parece mucho mejor que la actual Ley: reconoce de nuevo la protección preferente de los derechos del nascituro a la vez que refuerza la defensa de la mujer gestante. Descarta el posible delito penal y pretende controlar las decisiones médicas consultoras, y las clínicas abortivas. Y no creo que con esta Ley las jóvenes tengan que abortar clandestinamente o irse, para ello, al extranjero; al contrario, tienen mejor acomodo sanitario y social en este Anteproyecto, en el que no caben más consensos que los complementarios, pero no sobre sus certidumbres y principios básicos: la protección del no nacido. Ahora está aparcado el Proyecto, pero ojalá se apruebe (el Comité de Bioética ya lo ha respaldado) y, es factible, con mejoras.

PD. Me comentan -y ello reconforta- que un numeroso grupo de médicos del Hospital La Paz, en Madrid, ha salido a la calle para apoyar este Anteproyecto. Es, deontológicamente, normal. Habrá que confirmar que esta Ley otorgue solvencia a los médicos que mantienen esa actitud ética y coherente, y su objeción de conciencia contra el aborto indiscriminado; que haya facultativos que lo apoyen y realicen es una actitud decepcionante para el prestigio de una profesión esencialmente pro-vida; por más que, cualificados y ateniéndose a leyes vigentes, reduzcan inseguridades quirúrgicas y eviten situaciones clandestinas. En cualquier caso, no debieran desestabilizarse las normas tradicionales, y colegiadas, de la deontología médica.