10.003 aforados

“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” (Const. Española. Art. 14)

El nuevo proyecto de Ley que está preparando el Ministro de Justicia, en el que se pretende ampliar la condición de aforados a la Reina y a los Principes de Asturias, vuelve a poner de actualidad dicha prerrogativa legal que tienen una gran parte de los políticos españoles, una condición que, en la práctica, les mantiene en una condición de impunidad legal, con normas y tribunales hechos a su medida, y que no tiene parangón en ninguno de los estados democráticos de nuestro entorno.

No pongo en duda que en una Monarquía Parlamentaria como la nuestra, el papel institucional que representan los Reyes y los Principes de Asturias hace necesario otorgarles un status jurídico diferente y con ciertos privilegios legales con respecto a los demás ciudadanos, acorde con el papel institucional que representan, si bien considero que sería conveniente y muy edificante para la convivencia democrática que ese papel se limitara al estricto desempeño de sus funciones representativas; pero sí me gustaría hacer algunas reflexiones acerca de la condición de aforados que disfrutan los otros 10.000 políticos, sin que exista una justificación aparente, cuyo aforamiento les otorga en la práctica un status de impunidad ante la ley, lo que se ha convertido en la causa principal de las múltiples conductas delictivas que protagonizan los cargos públicos y del Estado de corrupción generalizada en el que estamos inmersos.

La sola existencia de tribunales especiales, constituidos a medida, para juzgar los delitos cometidos por la casta política establece por sí sola un abismo infranqueable entre los representantes públicos y los ciudadanos representados por ellos, y repugna a cualquier espíritu democrático, pero lo más grave es que quebranta de forma partidaria y mezquina uno de los pilares fundamentales del sistema constitucional, que es la supuesta pero nunca alcanzada igualdad legal entre todos los españoles. Esperamos, por tanto, que el señor Ministro de Justicia no desaproveche tan propicia ocasión para corregir esta irregularidad, tan anacrónica como injustificada, para anular estos privilegios que tanto ofenden a los ciudadanos y tan irresponsables hacen a sus representantes.