Reforma local: Totum revolutum

EL TOTUM REVOLUTUM DE LA REFORMA LOCAL

Hace tres meses que entró en vigor la ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y quienes anunciaron que la recurrirían ante el Tribunal Constitucional finalmente lo han hecho, aunque casi sobre la campana del final del plazo. Pero también hay movimientos inesperados, así Galicia primero y Castilla y León después han aprobado sendas normas para tratar de paliar los efectos de esta reforma. No es este artículo el formato más adecuado para analizar en profundidad estas medidas, que están generando un gran debate entre la doctrina y en los foros especializados, pero de forma gráfica puedo decir que lo que tratan es de poner un paraguas que la amortigüe lo más posible en esas Comunidades. Lo cual me parece estupendo, como no podía ser de otra forma después de todo lo que he escrito sobre este tema. Si esto fuese acompañado de una ley de financiación local que hiciera que los ayuntamientos dejaran de depender del pernicioso sistema actual de subvenciones, miel sobre hojuelas. Y si como colofón abrieran un proceso ordenado y racional de fusión de ayuntamientos, pues ya sería para tirar cohetes. Lo que dudo es que el Gobierno Central se quede quieto ante estas iniciativas, que seguramente serán seguidas por el resto de Comunidades Autónomas, ya que dejaría en agua de borrajas su reforma, daría al traste con el supuesto, y más que discutible, ahorro que consta en todos sus informes sobre reforma de la Administración Pública, y descuadraría gravemente el Plan Presupuestario que ya presentó en Bruselas. Con lo que a final, entre unas cosas y otras, parece que la nueva regulación de la Administración Local dependerá más de lo que digan los Tribunales que de la voluntad de los Parlamentos.

Y todo esto era evitable:

Es cierto que desde el punto de vista institucional hicieron lo que tenían que hacer, presentando alegaciones al proyecto de ley durante su tramitación parlamentaria, pero no podemos olvidar que tanto Galicia como Castilla y León están gobernadas por el PP, y con dirigentes muy importantes, así como que, cada una por separado pero más aún por junto, cuentan con Diputados y Senadores en número suficiente como para haber condicionado la aprobación de esa Ley. Y no digo yo que hubieran tenido que organizar un motín parlamentario, ni mucho menos, sino que, visto lo visto, tenían argumentos suficientes como para intentar convencer al Ministro Montoro de lo desnortado de su propuesta y si insistía en la misma haberle enseñado la fuerza parlamentaria con la que contaban para haberle obligado a corregirla. Y todo ello mediante conversaciones internas y discretas de partido.

Precisamente el propio Ministro Montoro acaba de presentar los datos del déficit de las Administraciones Públicas a finales de 2013, según los cuales prácticamente se ha alcanzado el objetivo previsto gracias a que los ayuntamientos han gastado menos de lo que podían, lo que puede entenderse a sensu contrario que se ha alcanzado a pesar de que el Estado y las Comunidades Autónomas gastaron por encima de lo permitido. De hecho si nos fijamos en los datos del Banco de España referidos a la deuda de las Administraciones Públicas según el protocolo de déficit excesivo en relación con el PIB, entre los años 2.000 a 2.013 la deuda del Estado creció 31,8 puntos, la de las Comunidades Autónomas 13,9 y la de la Administración Local sólo 1 punto. Y a pesar de haber demostrado que los ayuntamientos son los mejores gestores de lo público, desde el Gobierno se impulsó y se acabó aprobando esa ley de reforma local que pretende desapoderarlos de competencias en favor de otros niveles de la Administración que han acreditado suficientemente no gestionar igual de bien esos recursos públicos y escasos. Es decir, ya no sólo son los argumentos y teorías los que avalan lo errado de la reforma sino que es la propia realidad, que siempre es tozuda, la que acaba de desacreditarla.

Y no fueron sólo los barones autonómicos los que pudiendo hacer algo para evitar esta reforma en su momento no lo hicieron. También están los alcaldes y concejales que compaginan esos cargos con los de Diputados y Senadores y no hicieron valer aquella condición ni sus propias experiencias como gestores locales sino que prefirieron plegarse a una disciplina de partido que ahora se ha demostrado que no era ni compartida ni unánime.

Mientras, otros, entre los que me cuento, hicimos lo que pudimos, advirtiendo en infinidad de artículos sobre las consecuencias de esta reforma. ¡Lástima que nadie, entonces, nos hiciera caso!.

(Alejandro de Diego Gómez es Secretario de Administración Local).