La Operación Pokemon debilita la credibilidad de los principales partidos políticos de Galicia, al mismo tiempo que la corrupción vuelve a posicionarse como segunda preocupación para los españoles.
Durante el mes de enero, Galicia sólo vivió un único día en el que los ciudadanos no tuvieron la necesidad de abrir sus paraguas. Esta situación, producida en gran parte por la entrada de diferentes ciclogénesis, sitúa este periodo como uno de los más adversos, climatológicamente hablando, desde que se registran este tipo de datos.
A la vez que esto sucede, otro porcentaje tampoco para de crecer hasta situarse en tasas de record. Si se atiende al último barómetro del CIS, se puede comprobar que la corrupción se ha posicionado definitivamente como uno de los problemas que más preocupan a la sociedad. Si nos centramos en el ámbito gallego, la Operación Pokemon se ha convertido en una especie de tormenta que no abandona a los principales partidos desde finales de 2012.
Hace unos días tuvo lugar la apertura parcial del secreto de sumario por parte de la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Pilar de Lara. El conocimiento del resto del expediente tendrá que esperar, ya que todavía continúan abiertas las diligencias de investigación en ciertas partes de la causa. Las decenas de miles de folios ya públicas relacionan a alcaldes, concejales, funcionarios y empresarios con una supuesta trama de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y otros tantos delitos. Debe tenerse en cuenta que estas implicaciones no afectan a un único partido político, sino que salpican a cargos de las dos principales agrupaciones de la región.
En el centro de la Operación se encuentra el Grupo Vendex, con más de 30 sociedades encargadas de la oferta de servicios de planificación y gestión integrada de servicios generales y medioambientales a diversos ayuntamientos, así como la filial gallega de la firma Aquagest. Ambas empresas fueron investigadas por la Agencia Tributaria, a consecuencia de las supuestas irregularidades que relata el sumario y que se han comentado con anterioridad.
Las escuchas telefónicas llevadas a cabo recuerdan a la premiada serie televisiva americana The Wire, al encontrarse plagadas de motes, o palabras encubiertas, con las que parece que intentaban ocultar la gravedad de los actos que se estaban realizando. Hay ya un centenar de imputados, entre los que destacan nombres como el de López Orozco alcalde de Lugo-, Francisco Rodríguez exalcalde de Ourense-, Conde Roa exalcalde de Santiago de Compostela- o Fernández Liñares exconcejal de urbanismo en Lugo y posteriormente Presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil-.
Con todo, la cuerda por la que deambula la credibilidad política sigue tensándose y parece que está cerca de romperse definitivamente. Los principales líderes de los partidos bajo sospecha prefieren esperar a la respuesta judicial antes de tomar decisiones respecto de sus miembros implicados, en un respeto, según dicen, a la presunción de inocencia. Mientras aguardan en la antesala de las decisiones, siguen saliendo a la luz las informaciones que relacionan a cargos electos con actividades poco entendibles, e incluso sospechosas de ilegalidad. No actuar a tiempo- o simplemente pedir disculpas- puede ser insuficiente, generar mayor desafección, o incrementar las dudas sobre las capacidades y formas de actuar de los partidos ante una situación de crisis como la que se está viviendo. La sociedad espera respuestas, soluciones y garantías para que casos como este no se repitan.
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