Dignidad judicial

Que el panorama judicial español no está precisamente como para echar cohetes es de dominio público. La absoluta dependencia que el Fiscal General del Estado y, consecuentemente, todo el Ministerio Fiscal tienen del Ejecutivo y la elección directa de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo por parte de los grupos políticos del Congreso y el Senado, son una obviedad, que no requiere mayores argumentos. En este escenario judicial, el desempeño de una justicia “respetable” queda exclusivamente limitada a la “clase de tropa” del estamento judicial, a los “jueces de cabecera”, que en una gran medida ejercen su trabajo de una forma rigurosa y, sobre todo, independiente. Tal parece ser el caso del juez José Castro, instructor del caso Nóos y tan de actualidad por haber citado como imputada a la Infanta Cristina, por un “delito fiscal y de blanqueo de capitales”.

Esta citación, y conviene recordarlo, es el fruto de una acusación popular ejercida por el sindicato Manos Limpias, ya que la Fiscalía y la abogacía del Estado se opusieron a la misma desde el primer momento, al considerar que los indicios que pesan sobre la Infanta “son meras conjeturas y sospechas sin fundamento penal. Sin embargo, en un extenso auto de 227 páginas, el juez la justifica al ver “un deber inexcusable y un acto obligado” imputar a la hija del Rey.

La relevancia pública de la Infanta y la carga simbólica, tanto para la Monarquía como para el conjunto de la sociedad española, que conlleva el personaje, hacen que el proceso judicial, que en otras circunstancias carecería del menor interés, tenga en este caso unas connotaciones y una trascendencia especiales, a las que nadie, ya sea institucional o personalmente, parece ser indiferente. De ahí que se hayan sucedido multitud de opiniones y argumentos a favor y en contra de la imputación, pero, de todos ellos resulta especialmente chocante lo alegado por uno de sus abogados, don Jesús María Silva, que exonera de toda responsabilidad a doña Cristina alegando “la fe en el matrimonio y el amor que procesa a su marido”, argumentos sin duda extraordinarios, diría incluso que sublimes, que dan fe de la elevada talla moral de su Alteza, acorde con su rango institucional, pero que, en justicia, deberían ser también aplicables a la esposa de Diego Torres, socio de Iñaki Urdangarín, y que está imputada desde el primer día sin que nadie, hasta hoy, se haya cuestionado la justicia de dicha imputación y, por extensión, a todos las esposas y maridos de imputados por delitos semejantes, estableciendo así una jurisprudencia que muy bien podría denominarse “patente de corso para cónyuges enamorados”.

Lo cierto es que probablemente nada de lo ocurrido hubiera tenido lugar si, tanto doña Cristina como su admirado marido, se hubieran conducido en sus asuntos financieros con unos mínimos criterios de rigor y, sobre todo, de decencia, tratando de dar muestras de una conducta ejemplarizante, como corresponde a su elevado rango y rechazando la convicción filosófica de que, para el reducido número de miembros de su casta, todo el monte es orégano. No lo han hecho así y se han topado con un juez que, lejos de mirar para otra parte, ha decidido actuar ejerciendo su labor con dignidad, una dignidad que nos llena de orgullo a todos los ciudadanos y que, sinceramente, le agradecemos.