La sentencia del Prestige ha generado un profundo malestar en la sociedad gallega. Pocos podían esperar que el proceso judicial de la mayor catástrofe ambiental de la historia de España acabara sin prácticamente culpables.
La Audiencia Provincial de A Coruña, presidida por Juan Luis Pía, no ha encontrado, tras nueve meses de proceso, responsabilidad penal en la gestión de la catástrofe del Prestige. La sentencia es clara, condenando únicamente al capitán del petrolero, Apostolos Mangouras, por un delito de desobediencia a las autoridades marítimas españolas.
Esta resolución, que absuelve a todos los implicados del delito medioambiental, ha generado en gran parte de la ciudadanía una cierta desconfianza en la Justicia, que se ve acrecentada a través de dos actores: los medios y los partidos políticos.
Respecto a los primeros destaca un extraño interés en mezclar titulares y temas, tratando de captar una mayor atención de las audiencias. Un ejemplo de esta cuestión se ha podido observar en los últimos días, donde algunos han buscado interconectar informativamente las sentencias relativas a la doctrina Parot y al Prestige, tratando de suscitar dudas sobre la capacidad de respuesta de la Justicia española.
Respecto a los segundos, parecen dispuestos a servirse de cualquier tipo de proceso a favor de sus propios intereses, ya sea para maquillar sus propias acciones o bien criticar las ajenas. En este sentido, comienzan a resultar comunes en estas agrupaciones las reacciones contrarias a las resoluciones judiciales, que aparecen acompañadas de gastadas frases de falso respeto.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Poder Judicial se ve desamparado y en una posición de indefensión ante este tipo de situaciones. Si los medios no se preocupan en explicar las sentencias, y los políticos no apoyan el trabajo que se realiza desde este tipo de instituciones, automáticamente la mirada de los disconformes acaba en los juzgados y en los tribunales. Más si cabe cuando no se ofrece la vía -o no interesa ofrecerla- de mejorar la normativa vigente, situación que debe partir de las autoridades legislativas. Es decir, quizá debería recaer más la crítica hacia las Cortes Generales que hacia los ejecutores de las leyes vigentes.
Sea como fuere, la sentencia del Prestige se muestra insuficiente para la población. Esa misma sociedad que un día se lanzó a las playas a limpiar el chapapote con sus propias manos, que protestó masivamente y se manifestó contra los gestores de la catástrofe, ahora se siente decepcionada por los resultados de un juicio que se ha alargado demasiado en el tiempo, al que se le ha dado una insuficiente cobertura, y que no ha recogido los frutos deseados.
Las banderas del Nunca Máis han vuelto a las calles de las principales ciudades de Galicia rechazando lo que entienden como impunidad. La plataforma cívica, está tratando de recaudar fondos entre los ciudadanos para conseguir recurrir la sentencia y agotar la vía judicial. Por su parte, la Fiscalía de A Coruña, con el visto bueno de la Fiscalía General del Estado, también presentará un recurso de casación al entender pertinente que el reproche penal debe alcanzar al delito ecológico y a los daños que entienden cometidos. En el ámbito político, el Gobierno de Núñez Feijóo ha anunciado la interposición de un recurso, basado en la reparación de los daños provocados a la sociedad gallega, poniendo el énfasis, así, en el ámbito económico.
Del mismo modo, la oposición también ha comentado la sentencia. El BNG ha centrado sus intervenciones en recordar que contaminar sale gratis, en clara alusión a la decisión judicial. En una línea similar se ha movido AGE, que ha criticado la impunidad de los acusados. El PSdeG, por su parte, reclama a los responsables que pidan perdón por la mala gestión de la catástrofe.
Con todo, parece que, por el momento, nadie pagará los platos rotos de hace once años. Los gallegos, españoles y extranjeros que colaboraron en las tareas de limpieza, así como los afectados de diferentes sectores, tendrán que seguir siendo pacientes ante un proceso que ya tenía que haber estado resuelto. ¿Pasaría todo esto en otros países europeos? Muchos lo dudan.
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