miércoles, 30 de abril de 2025
El tamaño de la economía sumergida en Galicia aumentó durante la crisis hasta situarse en el 25,6% de su PIB al cierre de 2012, lo que supone más de 14.159 millones de euros ocultos. Así lo recoge el informe 'La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis', presentado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) y dirigido por el profesor Jordi Sardà de la Universitat Rovira i Virgili.
Según se desprende de este estudio, la tasa de economía sumergida gallega supera a la nacional, que se sitúa en el 24,6%, con más de 253.000 millones de euros. Las provincias gallegas más afectadas son Lugo (30,1%), donde la economía sumergida subió 2,3 puntos porcentuales respecto a 2008; Ourense (28,2%), con un incremento de 7,1 puntos; y Pontevedra (27%), que aumenta en 8,3 puntos. Todas ellas superan en fraude a la media gallega.
En A Coruña, la economía sumergida repuntó 4,2 puntos en el periodo 2008-2012, al pasar del 18,5 al 22,7% de su PIB. En un análisis de los datos nacionales, el informe revela que el volumen de la actividad económica en negro aumentó de media unos 15.000 millones de euros anuales desde el inicio de la crisis en 2008, cuando la tasa de economía sumergida se situó en el 17,8% del PIB. Sin embargo, en 2009, considerado como el momento más duro de la recesión, el dinero oculto se disparó en más de 27.000 millones de euros, tanto como los dos ejercicios siguientes juntos.
"Este importante incremento se debió en gran medida al efecto arrastre provocado por el 'boom' inmobiliario, ya que en los años previos logró crear una gran dependencia de la economía española ligada a este sector y que fue imposible de cortar por lo sano en los primeros momentos de la crisis económica y financiera", explican los técnicos de Hacienda. Al "tsunami del ladrillo" le siguieron otras causas que influyeron "de modo decisivo" en el aumento del fraude, explican, como el "espectacular" repunte del paro -triplicándose la tasa de desempleo hasta el 26% de la población activa a finales de 2012-, las subidas de impuestos "que no fueron acompañadas por un eficiente control tributario" y la multiplicación de casos de corrupción política y empresarial.
Además, a estos factores se sumó uno "transversal", que es, indican, "el masivo uso de billetes de 500 euros en nuestro país, que representa el 73,7% del efectivo en circulación y el 14% del valor de todos los billetes de 500 que se manejan en la zona euro". "Estos billetes son el instrumento preferido por los defraudadores para saldar operaciones al margen del fisco", resaltan. Por otro lado, más allá de los datos puramente económicos, el informe señala que en España existe "un grave problema de moralidad con el pago de impuestos, lo que complica aún más la equiparación del nivel de fraude al de otros países europeos donde la cultura del fraude no está tan enraizada". De hecho, sólo Italia, Portugal y Grecia presentan valores superiores a los españoles, pero aún nos situamos muy lejos de países como Alemania (13,1%), Francia (10,8%) o Gran Bretaña (10,1%).
En este sentido, el informe incluye como una de sus propuestas la reducción de la economía sumergida en al menos 10 puntos porcentuales, un objetivo que considera "realista", si bien reconoce que es "muy difícil" bajar de tasas de entre el 6% y el 8% del PIB, dado que "hay actividades económicas que no serían rentables si se legalizasen". El estudio hace hincapié en "el peculiar caso de Madrid", que registra una tasa de economía sumergida "llamativamente baja", del 17,3% de su PIB, la más moderada del país. Este fenómeno lo explica por "la elevada concentración de grandes empresas nacionales y extranjeras y grandes fortunas", que concentran los ingresos tributarios de sus actividades en esta provincia mientras que gran parte de su negocio se genera en otras autonomías. De hecho, en Madrid tienen su sede el 60% de las 100 mayores corporaciones empresariales del país, "muchas de las cuales eluden el pago de impuestos a través de las prácticas fiscales abusivas como las exenciones fiscales".
En un análisis territorial, el mayor aumento del fraude se registró, según apunta, "en aquellas autonomías más castigadas por el colapso del ladrillo y el desempleo, como Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias y parte del Levante español, aunque también se dejó sentir con intensidad en zonas tradicionalmente con un menor dinamismo económico, como las zonas rurales y de interior de Galicia y Castilla y León". Sin tener en cuenta "los efectos dramáticos de la crisis", este estudio pone de manifiesto que hay zonas geográficas en las que la economía sumergida es "un mal endémico", como es el caso de las provincias de Ávila, Albacete, Ourense y Toledo, todas ellas de interior y menos dinámicas. En el lado contrario se sitúan Madrid, Tarragona, Lleida, Barcelona, Zaragoza y La Rioja, con menos fraude que la media en el periodo que va del año 2000 al 2012.
A lo que sí ha contribuido la crisis es a ensanchar la brecha de economía sumergida entre provincias, que ha pasado de un máximo de 7,3 puntos entre la que más fraude tenía y la que menos a principios del 2000 hasta los 15,1 puntos de 2012. Esto demuestra, según el informe, que "la época de vacas flacas ha golpeado a cada territorio según su estructura económica, más débil cuanto menos industrializada y carente de inversión empresarial". Para hacer frente a todos estos desafíos originados por la economía sumergida, Gestha propone, entre otras medidas, conocer la verdadera dimensión del fraude a través de estudios oficiales realizados por entidades independientes, algo que hasta ahora no encargó ningún gobierno. "Estos estudios servirían para llevar a cabo una lucha contra el fraude realista, poniendo el foco en las actividades que sí pueden aflorar del mercado negro".
Además, exige una "mayor y mejor coordinación" entre la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) y las Haciendas autonómicas, creando una base de datos fiscales única. Entre los cambios que debe afrontar el fisco también señala una mayor dotación de recursos y personal, ya que según los datos de la OCDE España cuenta con un empleado de Hacienda por cada 1.928 contribuyentes, frente a los 860 de Francia, 729 de Alemania o los 551 de Luxemburgo. Sin embargo, añade que la lucha antifraude "tampoco sería efectiva sin dotar de una mayor autonomía a los técnicos en su día a día, una medida que implica la reorganización del Ministerio de Hacienda y que lograría la adaptación de la Administración Tributaria y Financiera española a las de los demás países europeos".
El presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, cree que la AEAT "debe tomar nota del tremendo éxito cosechado por la DGT en sus campañas de concienciación sobre seguridad vial a lo largo de las últimas décadas, que han permitido una drástica reducción del número de accidentes". "Eso, extrapolado al ámbito fiscal, educaría más a los contribuyentes sobre la necesidad de pagar impuestos y alertar sobre los efectos del fraude".
O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, defendeu unha reforma da Política Pesqueira Común (PPC) para que esta se adapte ás necesidades da cadea mar-industria galega. Esta reforma debe incluír unha rexionalización da normativa europea e, por tanto, ter en conta as propostas e participación proactiva das autoridades rexionais na futura toma de decisións que se leven a cabo en Bruxelas neste senso. Así o expuxo este martes na reunión mantida ao máis alto nivel polo Comisario de Pesca e Océanos, Costas Kadis, co ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luis Planas, os responsables das comunidades autónomas do ramo, e as entidades representantes do sector pesqueiro, acuícola e das mulleres.
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, informou de que o Executivo autonómico aprobou hoxe 'solicitar formalmente un informe ao Consello Consultivo de Galicia' sobre 'as posibilidades legais' do traspaso das competencias para xestionar os permisos de traballo das persoas doutros países. O obxectivo é avaliar a posibilidade de asumir esta función en tres áreas concretas: as autorizacións iniciais para que unha persoa estranxeira poida traballar na comunidade, os permisos para traballos de tempada e os de larga estancia por motivos de estudos ou formación.
