Los siete votos del PPdeG sacaron adelante en solitario, con la abstención de PSdeG y BNG, el informe de la ponencia parlamentaria en la que se redactó la propuesta legislativa que promueve el levantamiento del veto en el astillero Navantia-Fene, debido a discrepancias de los grupos de la oposición por la falta de previsión presupuestaria. Durante la Comisión de Industria celebrada en la Cámara, el parlamentario del BNG Fernando Blanco defendió la necesidad de que permaneciese el texto original, impulsado por la plataforma Rumbo 21, en el que se reclamaba la territorialización de las ayudas, con el fin de que Galicia mantenga su "peso del 50%" en la recepción de subvenciones que distribuye el Estado.
A este respecto, el diputado nacionalista advirtió de que, al eliminar la territorialización, se puede dar la paradoja de que la Unión Europea conceda ayudas al Estado español porque cuenta con una zona de prioridad 1 para su recepción y que, sin embargo, por los criterios que establezca el Gobierno esas ayudas no se destinen al fin para el que fueron otorgadas. Así, uno de los artículos polémicos es el artículo 3 de la iniciativa, puesto que se eliminó esa consideración de territorialización a través de las enmiendas promovidas por los populares.
La portavoz en la ponencia del Grupo Popular, Natalia Barros, rechazó el texto original porque, a su juicio, "no se puede perder el peso del 70 por ciento que representa el naval en el Estado". Tras modificarse, el artículo 3 recoge que la Xunta "favorecerá el establecimiento de un nuevo marco de ayudas, en el ámbito comunitario y estatal, dirigidas al sector naval gallego". Del mismo modo, en virtud de este artículos, el Gobierno gallego "realizará las actuaciones necesarias para conseguir el desarrollo industrial de los activos titularidad de empresas estatales integradas en el sector naval de Galicia, que no tengan actividad".
La parlamentaria del PSdeG Beatriz Sestayo fijó la necesidad de incluir, como recoge las enmiendas de su grupo, un plan estratégico del naval, para el que los socialistas ponían de plazo 2010 y una dotación presupuestaria de 3 millones de euros. Para velar por su cumplimiento, demandaban una comisión de seguimiento presidida por el conselleiro de Economía e Industria.
El informe de la ponencia mantendrá vivas diversas enmiendas de los socialistas que fueron debatidas hoy en la Comisión de Industria y que llegarán al pleno después de que el consenso no haya sido posible. Según los cálculos del grupo mayoritario, la iniciativa podrá estar aprobada este mismo periodo de sesiones. Es el artículo 4 de la propuesta el que recoge la necesidad de que la Xunta negocie con el Estado que éste busque una resolución ante la Unión Europea para que "las instalaciones de Navantia, en Fene, puedan dedicarse también a la construcción y la reparación de buques civiles". Además, este punto se completa con la disposición final primera, en el que se incluye la obligación de que la Xunta desarrolle las actuaciones precisas para lograr que las instalación del astillero de Navantia, en el ayuntamiento de Fene, "vuelvan a la construcción, reparación, reciclaje o transformación naval civil y a otras actividades afines".
El texto que ve luz verde en comisión establece, en su artículo 2, que la Xunta, en el ámbito de sus competencias, llevará a cabo programas específicos de fomento al sector naval en los ámbitos de la investigación, desarrollo e innovación; formación profesional; ordenamiento de usos dos espacios portuarios; las ayudas a la construcción transformación, reciclaje y reparaciones navales; ayudas a la exportación y a la internacionalización; y establecimiento de las garantías necesarias para la construcción naval y la mejora de la competitividad de los astilleros y de la industria auxiliar.
El último de los artículos, el número 5, legisla que "con el fin de garantizar una adecuada aplicación de las medidas recogidas", la Xunta someterá "todas sus actuaciones a la mesa sectorial del naval", emanada del diálogo social. En este punto, los grupos de la oposición consideraron necesario ampliar la comunicación a otras entidades como la universidad, por sus constantes aportaciones a este ámbito.
El debate del informe que parte de una iniciativa legislativa popular (ILP) acabó con una disputa entre socialistas y populares, quienes se enzarzaron en una discusión sobre el nivel de compromiso de sus respectivas formaciones con el sector naval. "Nosotros siempre estuvimos con el sector naval", subrayó la socialista Beatriz Sestayo, quien reprochó que el ex alcalde de Ferrol Juan Juncal (PP) quiso "privatizar" los astilleros ferrolanos, lo que motivó protestas en la calle.
La popular Natalia Barros recalcó el compromiso del Gobierno que dirige Alberto Núñez Feijóo con este sector y puso, como prueba de ello, el impulso del centro de reparación de buques, que conseguirá una "facturación de 70 millones de euros y 1.300 puestos de trabajo". En contraposición, reprochó al jefe del Ejecutivo central, José Luis Rodríguez Zapatero, que no haya cumplido su compromiso de aprovechar la presidencia de la Unión Europea por parte de España para renegociar el levantamiento del veto a la antigua Astano. "No se hizo nada de nada", lamentó Barros, a quien Sestayo replicó recordándole las "ayudas ilegales" concedidas por el Gobierno de José María Aznar que, aseguró, "no ayudaron" al sector. "Si el PSOE tiene claro el levantamiento del veto, que venga Dios y lo vea", contraatacó la diputada popular, quien acusó al diputado del BNG de haber "plantado" una ponencia y a la socialista de no haber acudido a todas las ponencias.
Precisamente, estas afirmaciones en el último turno del debate motivaron el revuelo que se vivió en la sala de comisiones, donde Blanco y Sestayo demandaron la palabra para replicar a esas manifestaciones de Barros a través de sendas cuestiones de orden que el presidente de la comisión, el popular Alberto Sueiro, no vio justificadas. Aún así, el parlamentario nacionalista presentó su queja al asegurar que era una "falsedad" que plantase una ponencia, sino que lo único que hizo es, al no haber acuerdo y concluir la reunión, marcharse. Por su parte, a Beatriz Sestayo le fue denegada la palabra, lo que originó otra protesta mayor por sentirse "discriminada" frente al parlamentario nacionalista. De hecho, el presidente de la comisión y ella mantuvieron un cara a cara por este motivo. Finalmente, Sueiro impuso su condición de presidente y suspendió la sesión 30 segundos para que la diputada socialista, según dijo, "se calmase".
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