sábado, 13 de junio de 2026
El Gobierno gallego autorizó el "inicio" del procedimiento para "desbloquear" la planta de Touriñán y dejar sin efecto cuatro de los 23 proyectos incluidos en el plan acuícola aprobado por el bipartito en agosto del pasado año. Así, la Xunta pretende "dar luz verde y agilizar" un total de 20 proyectos acuícolas, con los que la Xunta aspira a "recuperar el liderazgo" en el sector. Así lo aseguró esta mañana el jefe del Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, donde indicó que estos cambios responden a la necesidad de "superar la parálisis" que, en su opinión, vivió el sector en la pasada legislatura y "dar seguridad jurídica" a los inversores.
En su intervención, Feijóo afirmó que levanta el veto a la instalación de una piscifactoría en Cabo Touriñán -tras el frustrado proyecto de Pescanova- porque "no genera impacto medioambiental" y ratificó que, por el contrario, las cuatro plantas autorizadas por el bipartito que quedarán fuera de la nueva planificación acuícola - Merexo (Muxía), Laxe Brava (Ribeira), Seiruga (Malpica) y Xandriña (Camariñas)- "sí afectaban a casas y cultivos". Así, de los 20 proyectos presentados por las empresas para nuevas instalaciones y ampliación de plantas ya instaladas que contempla la Xunta, se dará "luz verde" a las plantas proyectadas sobre polígonos no afectados por la modificación para que puedan salir de la "situación de bloqueo" en la que, a juicio del Gobierno, se encuentran ahora mismo. La inversión aproximada de estos proyectos asciende a casi 350 millones de euros y permitirá generar unos 1.501 puestos de trabajo -654 directos y 847 indirectos-.
Para estas actuaciones se han reservado 140 millones de euros de fondos procedentes del Fondo Europeo de Pesca (FEP) 2007-2013. Núñez Feijóo indicó que en la pasada legislatura "no se ejecutó nada" de estos fondos por lo que ahora pretende "avanzar cuanto antes" en estas inversiones para evitar "la pérdida de este dinero".
En su comparecencia, Núñez Feijóo explicó que el Consello de la Xunta analizó hoy la situación jurídico-administrativa de la acuicultura en la comunidad con base a un informe elaborado por la Consellería do Mar, en el que se recoge la necesidad de constituir "un marco jurídico" que dé "firmeza" a las inversiones empresariales en el sector. Asimismo, el documento que define "el futuro" del sector acuícola gallego apuesta por modificar el plan del bipartito también en lo que respecta al sistema de acceso a la propiedad de los solares por parte de las empresas.
En concreto, entiende que este acceso no debe hacerse bajo régimen de concesión administrativa y contempla la posibilidad de que las empresas puedan comprar los solares a sus titulares como "garantía de su inversión", aunque se mantendrá la opción de expropiación de los terrenos si el anterior mecanismo "no funciona".
A preguntas de los periodistas, Núñez Feijóo insistió en que los cuatro proyectos paralizados "afectaban al medio ambiente y a la vida de los ciudadanos" antes de garantizar que su Gobierno está dispuesto a tomar las decisiones "necesarias" para "proteger" a los gallegos. "Lo que no tomaremos serán decisiones políticas para quedar bien con determinados sectores", apostilló. En este escenario, aludió a la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza (TSX) de Galicia que deja en una situación de 'impasse' a la acuicultura gallega -como apuntó recientemente la titular de Pesca, Rosa Quintana-, puesto que aunque rechaza la anulación que hizo el bipartito del plan aprobado por el último Gobierno de Fraga en 2005, éste también está recurrido. Feijóo explicó que el informe expuesto hoy por Quintana aboga por continuar el recurso de casación contra esta sentencia y criticó al bipartito por su oposición a la planta de Cabo Touriñán. "Esta sentencia podría suponer un riesgo de indemnización de 30 millones de euros al patrimonio de la Hacienda pública gallega", advirtió.
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A Xunta exixe o rescate da AP-9 e asina cos Gobernos de Asturias e Castela e León e o tecido empresarial das tres comunidades a Declaración Compostela, que insta á Comisión Europea a culminar o ditame sobre as prórrogas da AP-9 e AP-66. A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, interveu no encontro 'As infraestruturas viarias do Noroeste', organizado pola Confederación de Empresarios de Galicia.
