Robos legales

Vivimos en un País en el que es fácil que el ciudadano vea su bolsillo asaltado por una serie de empresas, a las que les están permitidas todas las arbitrariedades que se les ocurran, sin que las autoridades tomen medidas. Estos favores son compensados en sus consejos de administración que se convierten en retiros dorados a los que se envían a los políticos a los que se les deben favores (Aznar, Felipe, Infanta, Rato, Arenas…) Estoy hablando de compañías eléctricas, de gas, de telefonía, de gas, petroleras y otras similares. Todas ellas con pingües beneficios como los seis mil millones de euros que ganaron las eléctricas en el dos mil once.

O las petroleras cuyo producto subió el 75 % en cinco años. Y así sucesivamente. Y con estas facturas de luz, por ejemplo, se pagan primas para las renovables, tarifas de grandes empresas ( las rebajas de Alúmina), la moratoria nuclear y, sobre todo, el llamado déficit tarifario, que viene a ser algo así como la deuda histórica de las autonomías, concepto político de difícil interpretación. Y si no llegara con tal latrocinio, ya nos hemos acostumbrado también a subvencionar con nuestro bolsillo infinidad de cosas como, por ejemplo, casas rurales, que se restauran muy bien con el dinero público; aunque luego sólo sean usadas por los propietarios o se convierten en una nueva versión de nidos de pájaros.

Lo mismo ocurre con la rehabilitación de viviendas para los necesitados. Se gasta un pastón y después se ponen mil trabas que abocan a los menesterosos a no vivir en ellas. Señor Rajoy, versus Feijoo, ¿es éste aquel famoso sentido común?

A nadie parece importarle que un obrero pague más de cincuenta euros en el abono transporte en la ciudad, ni que muchas empresas o negocios se vean obligados a cerrar por el excesivo recibo de la luz. Nuestros políticos, expertos en gran medida en corrupciones, gozan de cientos de asesores que no parecen enterarse que es necesario limitar beneficios de estos oligopolios y dar facilidades, que no subvenciones, para energías alternativas como la eólica o la fotovoltaica. Y, sobre todo, rebajar al ciudadano de a pie las enormes facturas de los actuales artículos de primera necesidad que son luz, gas, teléfono, gasolina…

Es tal el desamparo del ciudadano que hace unos años resultaba impensable que un banco se pudiera quedar con el dinero de sus clientes con tal desfachatez como hicieron con las preferentes; la mayoría de los que firmaban hipotecas, con el lenguaje tan enrevesado de las mismas, creían que todo lo peor que podía pasar era entregar la vivienda (dación en pago), pero resultó que no sólo no era así, sino que después les quedó una deuda superior al capital recibido.¡ah, y quien no paga ya sabe que va al registro de morosos! Estamos esperando que vayan a la cárcel banqueros condenados con sentencia firme. Pero para los de siempre todavía cabe el indulto. Para chulearnos.

En teoría, hay medios para evitar esos abusos- lo de las eléctricas es escandaloso-, pero las oficinas del consumidor son entes teóricos que carecen de poder de sanción u obedecen a criterios políticos. ¿Ha recibido usted alguna contestación a las hojas de reclamaciones? Yo, jamás. Y si quiere ser de la O. C. U, pague.

Se les llena la boca hablando de reformas y éstas sólo han consistido en recortes y deteriorar lo público para privatizarlo y así desviar los impuestos de los ciudadanos a bolsillos de golfos amigos. Mientras vemos como se nos cambió el contador de la luz sin contar absolutamente con la parte contratante. Tenemos arrendado el aparato y es imposible comprarlo.

Con las telefonías ya lo sabe usted. Un operador da un precio, el otro, si lo entiende, le da otro distinto y lo mismo hace un tercero. Las reclamaciones son surrealistas o kafkianas y resulta muy complicado describirlas. Sólo les diré que a mí siempre me queda la sensación de ser gilipollas. Y la factura no se pierde. Si se equivocan, siempre es de más, y venga a reclamar todos los meses. Es un robo legal que nadie arregla.

En definitiva, todo cuanto acontece a mí me lleva a proponer el apoyo sin fisuras a las renovables, no como negocio, sino como fuente de energía gratis y que, consecuentemente, debiera abaratar los costes. Mientras yo propondría no reconocer la deuda o déficit de tarifa, ya que es una decisión política y porque las empresas que forman el oligopolio han disfrutado desde hace muchísimo tiempo de la exclusividad y facilidad para marcar los precios lo que les ha proporcionado muchísimos beneficios. Además han gozado de recursos naturales públicos -hidroeléctricas, por ejemplo-a precios irrisorios.

Es necesario disciplinar el mercado pensando en los consumidores para hacer efectivos sus derechos cambiando las relaciones con las compañías.

Este neoliberalismo salvaje que vivimos, acompañado de la reforma laboral de Kunta Kinte y la destrucción de todo el estado de bienestar, no nos lleva a ninguna parte. Sólo sirve para crear injusticia y .por ello, desasosiego.