Orteganos en el mundo
José Santalla ha sido otro de los orteganos que consiguieron alcanzar las más altas cotas dentro del empresariado tabaquero de la isla de Cuba. Este fusionó sus empresas con Antonio Villamil, otro empresario gallego de A Pontenova. Las relaciones entre los dos socios no sólo se limitaron al campo empresarial, sino que se extendieron también al ámbito familiar pues la hermana de José, Concepción, se había casado con Antonio. Fruto de este matrimonio nacieron sus cuatro hijos: Dulce María, Elena, Josefina y Antoñito Villamil Santalla que serán los que responsables de la continuidad de la empresa familiar hasta que fue incautada por la Revolución cubana.
De cualquier modo, el nombre de la compañía persistió tras su nacionalización, así como las marcas que aparecían en las vitolas que ceñían sus puros habanos.
Así mismo, un primo de Antonio, José María Díaz Villamil, se había casado con otra de las hermanas de José Amparo. Tanto los de una rama familiar como los de la otra gozaron de la fortuna y del prestigio que se labraron en Cuba entre las colonias gallega y española, así como entre el resto de la sociedad isleña. Ellos fueron los responsables de que muchos de los emigrantes de toda la mariña lucense y de la comarca del Ortegal consiguiesen emplearse en las fábricas tabaqueras cubanas.
Ambos socios fueron presidentes del Centro Gallego de La Habana. José Santalla lo fue entre 1897 y 1901, y Villamil a partir de mayo de 1915. Durante su presidencia, Antonio contó en su junta directiva con la colaboración de otro empresario del sector, el ortegano Francisco Pego Pita -socio gerente de Partagás- que se ocupó de la sección de Orden de la institución. Antonio también fue vicepresidente de la empresa editora del Diario Español y presidente da Sociedad Anónima de Vendedores de Tabaco y Cigarros de Cuba.
Durante su vida empresarial se significaron como auténticos innovadores, incorporando en la publicidad de sus productos imágenes de personajes importantes del cine y de la política, como fue el caso de Ramón Franco que aparece en la vitola que acompaña a este artículo.
A finales de 1925, concretamente en el mes de noviembre, Villamil, Santalla y Berenguer obtuvieron un contrato, tras el pago de una regalía, que les permitía operar en Cuba con unas máquinas que mecanizaban la producción de sus cigarros. La nueva sociedad se constituyó bajo la denominación de Compañía Tabacalera Nacional. Poco tiempo después de instalar las máquinas, la fábrica se fusionó con la firma Por Larrañaga. La nueva situación no provocó, en principio, ninguna reacción por parte de sus trabajadores ante la innovación, pero si creó una gran expectación, aguardando que el proyecto fracasase y no les pudiese sustituir.
Las máquinas cumplieron fielmente con su cometido por lo que la contratación de los torcedores empezó a decaer, y con ello se inició la gestación de un conflicto laboral en las empresas tabaqueras. En marzo del año siguiente, se inició una campaña contra la introducción de la maquinaria automática, algo que en un breve tiempo se extendió por todo el territorio nacional, llegando a implicar a todos los sectores del país, en una clara demostración de su solidaridad y apoyo a los torcedores.
El 11 de septiembre se produjo una huelga tan intensa que provocó el boicot a los productos de la marca. La cosa todavía se enardeció más cuando los propietarios de las fábricas que aplicaban los métodos manuales tradicionales se organizaron en la asociación Unión de Fabricantes de Tabacos y Cigarros, que les manifestó su respaldo a los obreros.
Tras muchas deliberaciones, la propuesta adoptada fue la de mantener las máquinas para la confección de los productos dedicados a la exportación y dejar el mercado interior para los empresas manuales, ya que, debido a su alto coste, la compra de las máquinas supondría su ruina. El 80% del mercado cubano ya se cubría por entonces con las elaboraciones tabaqueras de las fábricas pequeñas. Pese a todo, los fabricantes consideraban que las máquinas no estaban todavía preparadas para procesar el tabaco con la misma calidad que los torcedores, lo que podría perjudicar a su fama de sus productos.
La lucha entre las partes en conflicto continuó en cada taller, lo llevó a que muchos municipios a gravar con unos altos impuestos la introducción de las máquinas en sus respectivas áreas de influencia. Ante esta situación, el presidente Gerardo Machado actuó en contra de este gravamen con la publicación de la resolución del 11 de diciembre de 1926 , que dejaba sin efecto los acuerdos de los municipios.
La respuesta de los torcedores no se hizo esperar, y nuevamente protestaron en sus centros de trabajo, en la prensa, y por medio de la unión de las fuerzas de la Federación de Torcedores y la Unión de Fabricantes de Tabacos y Cigarros, lo que llevó a Machado a dictar un decreto que obligaba a distinguir los tabacos producidos a máquina por medio de la imposición de un sello alusivo a su proceso de preparación.
Este decreto fue un duro golpe para los fabricantes de tabaco a máquina, pero no el final de la batalla. Al iniciarse 1930 el problema de la fábrica Por Larrañaga continuaba en las mismas condiciones, aunque, tras casi cuatro años de huelga, los tabaqueros recibieron la buena noticia de que no se podría utilizar ninguna marca reconocida.
En 1937, el 15 de junio, Tirso Valdés Vázquez, en su carácter de vocal de la Federación Tabacalera Nacional en la Comisión Nacional de Propaganda y Defensa del Tabaco Habano, informó a ese organismo de que las máquinas que poseía la Compañía Tabacalera Nacional Habana, S. A. de los socios gallegos habían sido desmontadas y devueltas a Estados Unidos ya que desde el mes de noviembre de 1936.
