Génesis y evolución histórica del Estado

La génesis del fenómeno estatal, al igual que sucede con el resto de las institucionales sociales, no se puede fechar con precisión ya que se trata de un proceso evolutivo. Si por Estado entendemos la centralización del poder y la aparición de instituciones especializadas para la administración de un territorio delimitado, el fenómeno estatal parece consustancial al devenir histórico de la humanidad, puesto que la historiografía nos muestra que son escasas las sociedades sin alguna forma de Estado. Unos encuentran formaciones estatales en las antiguas sociedades hidráulicas, aquellas que se desarrollaron en torno a grandes ríos como el Eufrates o el Tigris, otros en la Atenas de Pericles o en la República Romana, otros sitúan su origen en la aparición de la diferenciación social, ya sea con el surgimiento de una clase letrada, ya sea con la consolidación de una sociedad dividida en clases y, para otros, el origen del Estado se remonta al siglo XVI y más concretamente a las aportaciones de Nicolás Maquiavelo.

LA FORMACION DEL ESTADO MODERNO

Hermann Heller, en su brillante fundamentación teórica del Estado, alcanza el consenso doctrinal politológico, al señalar que será a partir del Renacimiento cuando se produzca de una forma más clara la consolidación de estructuras institucionales, que configurarán la verdadera génesis del Estado en su sentido moderno. Veamos pues como se desarrolla ese proceso que culmina en la formación del Estado moderno y que en los últimos cinco siglos ha constituido la principal forma de organización política de las sociedades, aunque sometida a la evolución institucional que describiremos en este capítulo.

El Estado como entidad jurídico-política surge bajo los procesos de modernización que de una forma más o menos generalizada se producen en el continente Europeo en los siglos XV y XVI. A ello contribuirá una inmensa pluralidad de factores coincidentes en el tiempo histórico y que son precisos entender e interrelacionar para la comprensión global del origen del Estado. Para ello nos centraremos en cuatro órdenes de análisis: la estructura y la estratificación social, el ordenamiento político-jurídico, la fundamentación teórica del Estado y la estructura económica.

La organización política y social medieval, caracterizada por las relaciones de vasallaje, la autarquía económica y la poliarquía, queda obsoleta como consecuencia de los cambios económicos, políticos y sociales que se producen desde el siglo XIII. La estratificación social vasallística de carácter piramidal determinaba las relaciones sociales. En el vértice de la pirámide social se sitúa el rey o el emperador, a menudo como un poder formal en el que el verdadero poder real lo ostentan los señores feudales. La base inferior de la pirámide estaba constituida por los siervos de la gleba, de donde a partir del siglo XIII, y en un proceso de desarrollo extraordinariamente lento, se formará una clase urbana, artesanal, gremial y mercantilista.

Los territorios medievales, al frente de los cuales se encontraba el señor feudal, irán dando paso a organizaciones territoriales cada vez más extensas y complejas: de los territorios medievales, al Reino y de éste al Estado moderno. En este proceso, en el que se entremezclan las viejas y las nuevas instituciones, los historiadores suelen coincidir al señalar tres factores que propiciarán la formación de nuevos territorios: pactos matrimoniales, avances militares y deudas entre señores feudales. Frente a la dispersión del poder político y social que caracterizaba al medievo, los nuevos territorios, al frente de los cuales se situó como cabeza visible el Príncipe, tratan de concentrar los poderes dispersos, para lo cual construyen instrumentos político-sociales al servicio propio y de la colectividad. Las guerras civiles que se suceden a fines del siglo XIV e inicios del XV en Europa occidental, determinarán en numerosas ocasiones la orientación personal del poder político, de tal forma que la victoria significa la consolidación de un poder político soberano que evolucionará hacia formas de monarquía autoritaria.

No obstante, el proceso de formación de entidades territoriales más amplias no estará exento de dificultades, al tener que enfrentarse a las pretensiones imperiales y de la iglesia, que tratan de frenar la concentración de poder político fuera de su alcance. Los intentos de unificación política bajo formas estatales serán producto de la expansión de un centro hacia la periferia, cuyo éxito conducirá a la formación de estados nacionales con similitud hacia dentro y disimilitud hacia fuera. Pero, además, y en términos weberianos, ese centro político debe garantizar en el territorio que pretende ser soberano el monopolio de la coacción física legítima como instrumento de dominio.

En la construcción y consolidación de esa nueva realidad política, que desde ahora llamaremos Estado moderno, la incipiente burguesía de carácter económico, desarrollará una importante función que culminará en los procesos revolucionarios del siglo XVII y XVIII. Frente a los intereses de la iglesia y de las clases aristocráticas, que veían como su influencia social disminuía, se encontraban los intereses de una burguesía que precisaba nuevas formas de organización social y los de los príncipes que trataban de concentrar poderes hasta entonces dispersos. La expansión demográfica, los procesos de colonización, el desarrollo de urbes, el crecimiento de la actividad agrícola, comercial y manufacturera, se constituyen como elementos imprescindibles en el análisis político de las instituciones sociales que presidieron la transición del feudalismo a la sociedad capitalista.

En el plano jurídico-político cabe señalar que el cambio social produjo procesos de institucionalización y normativización que condujeron a la formalización del derecho. El derecho romano -con influjos del Nuevo Testamento- se presenta como la fuente jurídica que permite el asentamiento normativo del las nuevas relaciones sociales y la formación del pensamiento legal de Occidente. En adición, el mercantilismo precisará de mecanismos jurídicos que garanticen las transacciones comerciales, y el nuevo orden político de fundamentos legales sobre los que asentar la idea de soberanía o de razón de Estado.

La formación del Estado moderno se vio acompañada de todo un bagaje teórico que, aquellos que consiguieron centralizar el poder, integraron en su práctica política. El objetivo del príncipe era construir nuevas entidades territoriales, tal y como eran descritas por clásicos como Hobbes en el Leviatan, Maquiavelo en El Príncipe o por Bodino en Los seis libros de la República. Todos ellos justificaban la necesidad humana de instaurar un poder estatal que sacara al ser humano del estado de naturaleza.

Desde la Grecia clásica el Estado ha sido objeto de reflexión teórica, al constituir Éste la máxima expresión del poder político. De hecho, con frecuencia se identifican las teorías sobre el origen del Estado con las teorías sobre el poder político. Ya en los inicios de la era cristiana, y posteriormente se introducirá en el Nuevo testamento, se pone de manifiesto la dualidad del poder terrenal y del poder espiritual. Pero será Agustín de Hipona quien manifieste la primera idea de oposición entre el orden de la ciudad de Dios y de la ciudad terrenal. La dualidad expresada por la teoría de las dos espadas del Papa Gelasio I viene a simbolizar la independencia del poder espiritual, que sólo se debe y sólo responde ante Dios.

La supeditación del poder terrenal al poder espiritual será objeto de controversia hasta la formulación teórica del Estado moderno, que vendrá a sentar nuevas bases teológicas y políticas. En palabras de Max Weber se producirá la secularización del poder político, con el consiguiente fortalecimiento de las estructuras políticas que pondrá en cuestión la supeditación del poder político al espiritual, a lo que contribuirá los enfrentamientos entre el imperio y el papado, la nacionalización de las iglesias y la consolidación de lenguas nacionales.

Será el florentino Nicolás Maquiavelo quien por primera vez vincule el poder político a la organización estatal, retomando en su defensa del Estado, la virtud cívica del estado-ciudad griego y romano. En el último capítulo de El Príncipe, exhorta a la formación de una unidad italiana, - Milán, Venecia, Nápoles Florencia y los Estado pontificios- bajo un salvador que le cure de sus heridas y del caos. Sus aportaciones teóricas están encaminadas a la consecución del orden y la estabilidad política, para lo cual ofrece técnicas de gobierno de realismo extremo, en el que los objetivos se anteponen a las consideraciones morales. El Príncipe que desee obtener Éxito ha de tener libertad en la acción, conocimiento, fortuna derivada de la providencia divina y del fatum, virtud como contrapeso y defensa frente a la fortuna y ha de buscar la buena voluntad del pueblo para no ser aborrecido por Él. ¿Pero qué forma de Estado defiende Maquiavelo? Dependerá de las necesidades sociales. En El Príncipe defiende la concentración de poder en manos de la monarquía como solución para sociedades corruptas, en las que el Éste se convierte en un instrumento de salvación de la sociedad. En el Discurso sobre la primera década de Tito Livio opta por la República como forma de Estado para hombres ciudadanos y libres.

Otra importantísima aportación teórica a la formación del Estado vendrá de la mano de Hobbes y de su fundamentación absolutista. Bajo una pretensión metodológicamente científica, Hobbes analiza la naturaleza humana como fórmula para conocer la conducta de los hombres. La búsqueda de la conservación y la consecución de la felicidad lleva a un continuo progreso del deseo de un objeto por otro, donde la obtención del anterior no es sino camino hacia el siguiente. Los hombres compiten entre sí por la obtención de bienes, honor y mando en una lucha por la conservación que se ve acrecentada ya que la naturaleza a hecho a los hombres iguales en sus facultades corporales y mentales, y aunque uno pueda ser físicamente más fuerte que el otro, aun el más débil está capacitado para matar al más fuerte. El deseo de Éxito, la competencia y la inseguridad que ello genera, conduce al hombre a un estado de guerra permanente de todos contra todos en el que el derecho no está presente.

En su análisis de la naturaleza humana, Hobbes subscribe la existencia de leyes naturales, reglas derivadas de la razón por las que el hombre se prohíbe hacer aquello que es destructivo para sí y para los demás: el hombre está dispuesto, cuando otros también lo están tanto como él, a renunciar a su derecho [a usar la fuerza] en pro de la paz y defensa propia que considera necesaria, y a contentarse con tanta libertad contra otros hombres como consistiría a otros hombres contra Él mismo. Así pues, el hombre, que tiene unos derechos anteriores a los de la organización estatal, los cede a una persona -el Leviatán- y mediante un pacto -idea que estará presente en el liberalismo posterior- se alcanza la paz. La persona que asuma la fuerza para garantizar la paz será el soberano y se dice que posee un poder soberano sobre sus súbditos y sobre un territorio: una persona cuyos actos asume como autora de una gran multitud, por pactos mutuos de unos con otros, a los fines de que pueda usar la fuerza y los medios de todos ellos, según considere oportuno, para su paz y defensa común. La organización estatal, por tanto, nace de una pacto, que si bien ya se encontraba en autores como Altusio o Grocio será Hobbes quien lo explicite.

En el orden económico hoy ya nadie niega la influencia de la mercantilización de la vida social en la formación del Estado y la vinculación entre desarrollo capitalista y Estado moderno. El extensión de la producción artesanal y del comercio, las rentas agrarias y urbanas, los débitos de los campesinos y de los nobles, así como la creación de mecanismos impositivos constituyeron las formas y fuentes iniciales de acumulación capitalista. Desde la perspectiva marxista, se ha tratado de buscar explicaciones monocausales al origen del Estado moderno, señalando como factor casi exclusivo la aparición y desarrollo de la economía de mercado. Resulta obvio que la aparición de la actividad mercantil ha influido de manera considerable en el nacimiento del Estado, pero no resulta menos patente que para que tal tipo de actividad pudiera llegar a consolidarse, precisaba de un marco jurídico-político que permitiera y garantizara la actividad económica. Así pues, el factor de desarrollo económico es importante, pero éste se encuentra estrechamente ligado al político, esto es, a la existencia de una organización administrativa y fiscal que generase seguridad en la producción y en el tráfico de mercancías.

Otros muchos factores contribuirán a la formación de esta nueva realidad organizativa, entre los que cabría destacar:

(a) Durante los siglos XVI, y XVII, una vez desterradas las concepciones teológicas exclusivistas, pudo emerger interés por el conocimiento científico, fundamentado en la idea de progreso y de espíritu racionalista. Su expresión más inmediata, como se sabe, es el renacer de los clásicos y la consiguiente preocupación por el método. El desarrollo del conocimiento y el progreso tecnológico, caminaba paralelo a las necesidades que el nuevo orden demandaba, como así lo demuestran nuevas invenciones científicas como la brújula y la pólvora. Los nuevos descubrimientos geográficos, por poner un ejemplo impulsor del conocimiento científico, demandaron el desarrollo de la geografía y de la astronomía, la mejora de las técnicas de navegación, la organización burocrática jerarquizada, la ampliación de las relaciones comerciales, el progreso de la medicina y nuevas formas de guerra.
(b) Las necesidades que la nueva organización política demanda para su consolidación, como la formación de entidades burocráticas o la creación de sistemas fiscales, permiten mantener los cada vez más amplios territorios bajo la soberanía del monarca.
(c) Distintos autores vinculan la importancia de la guerra en la formación del entramado estatal, resaltando las novedades técnicas y organizativas, las nuevas formas de guerra o la creación de ejércitos permanentes. En palabras de Hintze, sin duda magnificando el factor militar, se convirtió en la rueda motriz que impulsaba la actividad política del Estado moderno. Una vez más los intentos de explicaciones monocausales nos conducen al error ya que serán las instancias políticas quienes crearán los nuevos ejércitos y la organización burocrática que precisa.
(d) Las transformaciones de orden religioso, especialmente producto de la reforma, conducirán a que tanto católicos como protestantes doten al Estado de legitimidad; encontrando en ello una fuente de supervivencia, ya que la salvación eterna dependerá de la iglesia, pero la salvación histórica de la iglesia depende del Estado, pues el fortalecimiento del poder estatal garantiza el orden frente el caos.

EL ESTADO LIBERAL

La construcción del Estado no sigue un desarrollo lineal. Frente a la continuidad inglesa y holandesa, que lleva a que esa incipiente forma estatal evolucione hacia el Estado liberal, estados nacionales como Prusia, Francia, Italia o España, se verán sometidos a procesos de mayor centralización del poder, evolucionando de monarquías autoritarias a monarquías absolutas, antes de dar paso a fórmulas liberales. Aunque el tránsito del Estado moderno al liberal se caracterizará por su heterogeneidad y por la lenta evolución, que en algunos casos durará hasta tres siglos, la aparición del Estado liberal puede ser delimitada de una forma más precisa que la organización estatal moderna, éste se irá gestando a lo largo de los siglos XVII y XVIII en Inglaterra y Holanda sin interrupciones significativas.

Los acontecimientos revolucionarios de Inglaterra en el siglo XVII, el triunfo de los protestantes holandeses, la Guerra de la Independencia norteamericana y la Revolución Francesa de 1789, suponen el hundimiento definitivo de las estructuras del Antiguo Régimen e introducen un punto de inflexión que nos permite situar la aparición y consolidación de formas de organización social y política de carácter liberal. Si a ello añadimos los procesos de industrialización, el desarrollo científico y técnico, la influencia de la reforma protestante, la paulatina aunque lenta ampliación del sufragio, los cambios en el terreno económico hacia una sociedad de mercado, la generalización de la mentalidad racional y el desarrollo del iusnaturalismo racionalista, tendremos el escenario histórico que permite que este tipo de Estado se extienda a lo que hoy denominamos sociedades occidentales.

Entre los factores, ya señalados, que influyen en el tránsito hacia el Estado liberal, es preciso destacar la influencia de la reforma protestante. Especialmente la vinculación entre ética calvinista y desarrollo capitalista, al fundamentarse la primera en presupuestos como la austeridad, el ahorro, el individualismo y la disciplina social, justo lo que precisaba el modelo económico emergente. Pero a pesar de la defendida relación weberiana entre ética calvinista y desarrollo del capitalismo, es preciso matizar su influencia o, al menos, considerar en el análisis otras variables. En cualquier caso resulta innegable que el calvinismo ofreció una base moral a la burguesía que facilitó el desarrollo mercantilista. Frente a católicos, anglicanos, regalistas y luteranos de una forma más o menos expresa coincidían en la defensa de la tradición y del derecho divino de los monarcas, jesuitas, hugonotes franceses y protestantes calvinistas escoceses lo hacían en defensa del derecho de resistencia. Quizás la contribución más importante de la reforma a nivel socio-político será la tolerancia religiosa y la superación de la idea de autoridad tradicional, expresada a través de su defensa del individualismo, en tanto en cuanto que cada individuo se convierte en protagonista decisivo de su relación con la divinidad.

A partir del siglo XVI, la generalización de la mentalidad racional y el desarrollo del iusnaturalismo racionalista, generará una nueva concepción del Estado en la que el individuo se convierte en el centro de la organización política, bajo presupuestos como el reconocimiento de derechos y libertades en el ser humano anteriores al Estado. H. Khun sintetiza los principios del iusnaturalismo racionalista en tres: la génesis de la autoridad política y del poder soberano se origina en el contrato que los individuos establecen, nunca en principios divinos o teológicos. El hombre posee derechos inalienables que deben ser respetados por el Estado y por la autoridad política. Y, por último, el objetivo de la organización política es la búsqueda del bien común, definido a partir de la suma de los intereses individuales.

El iusnaturalismo se presenta en términos filosófico-políticos como la expresión teórica preliberal de mayor calado, enfrentándose a la arbitrariedad despótica y asentando el principio de la universalidad de las leyes. Su exponente culminante será el filósofo inglés John Locke para quien el hombre nace con un título a la perfecta libertad y al disfrute ilimitado de todos los derechos y privilegios de la ley natural. En Locke el estado de naturaleza que precede a la formación de una organización política, no es de guerra en los términos hobbesianos, ya que el hombre tiene una ley natural que le guía, le iguala y le garantiza la vida, la propiedad y la libertad. Pero, además, la salida del estado de naturaleza sólo es posible a través de la constitución de una autoridad política que garantice la libertad y la igualdad, y tal autoridad ha de ser producto del consentimiento, bajo los principios contractualistas ya descritos. Así pues, la constitución de la comunidad política, -del Estado en definitiva-, tiene su fundamento en la construcción de una entidad superior al servicio de los individuos, que defienda sus intereses, que persiga el bien común y que ofrezca seguridad.

El pensamiento liberal introducirá nuevos planteamientos teóricos en la realidad estatal, al proclamar la existencia de libertades civiles previas a la organización estatal y la supremacía de la sociedad civil. El Estado se convierte en un instrumento que permite y garantiza la acción de los individuos, pero al mismo tiempo se da cuenta de los aspectos negativos que de él se pueden derivar, como la opresión o el poder dictatorial. Autores como Tocqueville, Benthan, John Stuart Mill, Burke, Acton o Renan conformarán la esencia del pensamiento liberal y preconizarán un Estado mínimo no interventor.

Tres presupuestos básicos caracterizarán al Estado liberal: el imperio de la ley, el reconocimiento de derechos fundamentales inherentes al ser humano y representar la traducción política del sistema de producción capitalista. Desde una concepción arbitraria del poder y absolutista de la soberanía, se pasa a la exclusiva soberanía de la ley a partir de la positivización jurídica de los derechos fundamentales, que tendrá su expresión en la Declaración de Derechos de Virginia y que serán introducidos por primera vez en las constituciones de Estados Unidos y Francia. El Estado liberal se presenta como un Estado de derecho, representativo y parlamentario, compatible con el sufragio restringido -censitario y capacitario- y que no determina la forma de Estado -monarquía o república-, salvo en el caso del liberalismo democrático de Constant, que se pronuncia a favor de la monarquía.

En el orden económico, los procesos de transformación del Estado moderno en Estado liberal, estarán presididos por una concepción mercantilista de la vida económica, acorde con las pretensiones de esa clase emergente que había aparecido con el Estado moderno y que demandaba seguridad y protección en las relaciones comerciales. A partir del siglo XVII se irá consolidando la doctrina económica liberal que propugna la no intervención del Estado en los asuntos económicos. A ello contribuyó el reconocimiento de la propiedad como un derecho natural, la liberalización de la producción agrícola y la proliferación de asentamientos urbanos y coloniales. No obstante, sólo a principios del siglo XVIII, como consecuencia de los factores señalados y del crecimiento demográfico, tendrá lugar el afianzamiento de las iniciativas descritas y se implantarán las bases del desarrollo industrial.

Se trata, como ya hemos señalado, de un Estado no interventor cuyo funcionamiento presupone el abstencionismo institucional, esto es, el libre desarrollo de la sociedad civil y la no interferencia del Estado en las relaciones mercantiles. La racionalidad que se presupone al Estado y a la sociedad, o en términos de Adan Smith la mano invisible, permitirá la consecución del objetivo de defensa del interés general. Tres serán para el economista inglés las funciones del Estado liberal: garantizar el orden social, asegurar la defensa frente a las agresiones externas y la realización de obras y servicios públicos no acometidos por la iniciativa privada.

La realidad obligó a que la praxis liberal difiriese en no pocas ocasiones de la teoría. El propio sistema comenzó a demandar la participación del Estado allí donde el sector público no llegaba, generando aumentos en la intervención del Estado en la sociedad, a lo que sin duda también contribuyeron las frecuentes guerras que asolaron Europa en el siglo XIX. La dinámica del Estado precisó de mecanismos impositivos, que coincidieron con reivindicaciones de ampliación del sufragio y con un aumento de las demandas de las clases más desprotegidas de la sociedad. El régimen económico requería que el Estado legislase la actividad fabril y laboral, iniciándose así los primeros pasos de lo que con el tiempo será la política social.

La propia evolución social, la formación de nuevas necesidades sociales, los problemas derivados del sistema capitalista, el influjo de la tradición marxista, la generalización del sufragio masculino a finales del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX producirán cambios en los mecanismos y en los instrumentos de representación. El parlamento dejará de ser una cámara de representación oligárquica y adquirirá mayor relevancia dentro de la organización política. Los gobiernos serán responsables ante el parlamento, produciéndose el fenómeno que conocemos como la parlamentarización del Estado liberal. Va a ser Max Weber quien por primera vez proponga la parlamentarización del sistema político, consciente de la poca eficacia del parlamento en el Reich bismarckiano, al no ser el Gobierno responsable ante el parlamento y no verse obligado a poner en práctica las decisiones emanadas del legislativo. En Inglaterra, donde ya existía la responsabilidad del ejecutivo ante el legislativo, se gestará también una consolidación y aumento de las prerrogativas del órgano representativo; especialmente tras la Ley de Reforma del Parlamento por la que la cámara Comunes o cámara baja, adquiere la capacidad de ignorar el veto interpuesto por la cámara alta de representación oligárquica: la Cámara de los Lores. Así pues, el fortalecimiento de las funciones del parlamento corre parejo a la universalización del sufragio masculino, pero no podemos ignorar dos aspectos que influirían en su dinámica: en primer lugar un nuevo actor político -los partidos políticos- entrará en la escena política, condicionando en buena medida el funcionamiento de las instituciones de representación y, en segundo lugar, en algunos caso como en la Prusia de Bismarck el exceso de parlamentarización conducirá a la atrofia del sistema.

A lo largo del todo el siglo XIX se ira forjando en las sociedades liberales un movimiento democratizador, igualitario y revolucionario. En sus inicios, y a partir de los presupuestos que habían presido la Revolución Francesa, este tipo de movimientos fueron de ruptura y con un claro talante conspirativo y revolucionario. Las demandas democratizadoras, cuyo objetivo primordial era la consecución del sufragio universal como máxima expresión de igualdad, consiguieron consolidarse social e institucionalmente. La cristalización de los ideales democráticos tendrá su expresión en una nueva forma de Estado que la doctrina adjetiviza como Estado democrático, para referirse a los sistemas políticos de la primera mitad del siglo XX, como la República de Weimar, la I República Austriaca, Suecia desde 1932, la III República Francesa, la II República Española o al régimen Mexicano. En términos generales el Estado democrático supone el mantenimiento de los principios del Estado de derecho liberal, con un aumento de la intervención estatal y con un desarrollo de los principios democráticos manifestados en el reconocimiento de derechos sociales y económicos.

Paralelamente al proceso democratizador que hemos descrito, desde mediados del siglo XIX, tendrá lugar una nueva radicalización del pensamiento, expresada en el socialismo. Las condiciones de trabajo y de vida de la clase obrera que se fue forjando con el progreso industrial, -sometida a largas jornadas de trabajo, bajos salarios y precarias garantías de seguridad e higiene-, hicieron surgir en los trabajadores fabriles, una conciencia de clase explotada por los propietarios de los medios de producción. Los grupos sociales menos favorecidas por el sistema económico capitalista imperante comenzaron a organizarse en defensa de sus intereses. Tales iniciativas contaban con el apoyo de presupuestos teóricos de la corriente doctrinaria socialista que cuestionaba la explotación de una clase por otra, los fundamentos teóricos liberales y el Estado no interventor. Esta tradición representada en sus inicios por Marx y Engels, aun entendiendo la función liberadora y racionalizadora del Estado, concebirá el Estado como un instrumento al servicio de la clase dominante y preconizará su superación.

Ante estos intentos de organización de los emergentes movimientos obreros se opondrá inicialmente la legislación liberal, su primera manifestación será la Ley de Chapelier de 1789, al entender que la regulación de la actividad económica y social suponía una vuelta a las arcaicas estructuras gremiales. A pesar de las dificultades iniciales, el movimiento obrero irá adquiriendo fuerza y capacidad organizativa. Una vez más será Inglaterra el primer país en el que se procede al reconocimiento formal e institucional de las asociaciones de defensa de los trabajadores, donde desde 1830 los cartistas ejercieron fuertes presiones en pro del sufragio universal y del reconocimiento de derechos sociales a los trabajadores. En el resto de Europa, su aprobación tendrá lugar a raíz de los procesos de revolución burguesa de 1848, aprovechados por el movimiento obrero para exigir legislación laboral y la legalización de las organizaciones obreras. Desde ese momento tendrá lugar la radicalización de la clase obrera, -no podemos olvidar la influencia del movimiento anarquista en Francia, Italia y España-, y se producirán continuos intentos de emancipación por parte de la clase trabajadora, cuya máxima expresión la encontramos en la Comuna de París de 1871 y la Revolución Rusa de 1917.

Los decenios de 1920 y 1930 serán testigos de la crisis del Estado liberal, manifestándose desde tres dimensiones fundamentales: crisis política, crisis económica y crisis del orden internacional. En el terreno político la supremacía del parlamento frente al gobierno conducirá en muchas ocasiones a la “parálisis” política, a lo que hay que añadir la falta de habilidad del Estado liberal para adaptarse a los nuevos movimientos reivindicativos y para conjugar las garantías del Estado de derecho con la política social de carácter igualitario. En la esfera económica la crisis del mercado de valores norteamericano de 1929 y sus repercusiones en las sociedades occidentales hará revisar el principio liberal clásico de no intervención. Los Estados recurren al gasto público para paliar el desempleo y para activar la demanda, y de un Estado abstencionista se pasa a un Estado intervencionista en el que la organización estatal se constituye como principal agente económico. La crisis del orden internacional, que encuentra su manifestación más patente en la I Guerra Mundial, demuestra que el Estado liberal ya no garantiza las relaciones pacíficas entre los estados y se ve imposibilitado a cumplir las funciones que le asignaba la teoría clásica liberal.

La crisis del Estado liberal, que se hará patente en los decenios de 1920 y 1930, y la superación de los principios liberales decimonónicos, dará lugar a tres nuevas formas de Estado que caracterizarán la organización política del siglo XX: el Estado fascista, el Estado comunista o socialista, y el Estado social y democrático de derecho o Estado de bienestar.

LAS DICTADURAS: ESTADO FASCISTA Y ESTADO SOCIALISTA

De igual modo que no es posible hablar de una formulación teórica previa al Estado fascista, ya que la praxis precede a la teoría, resulta también difícil la elaboración teórica a posteriori, al entrar en juego variables políticas, sociales, históricas y geográficas que ha generado en cada Estado calificado como fascista unas peculiaridades propias. Pero ello no empece que podamos encontrar determinados rasgos comunes.

En primer lugar, el fascismo se presenta como una tercera vía entre el comunismo y el capitalismo. Su pretensión ideal era integrar capital y trabajo, pero en realidad parece existir consenso entre la doctrina de que fueron de dictaduras del capital con negación expresa de la lucha de clases. En segundo lugar, el sistema político fascista se fundamenta y legitima en la imagen de un líder carismático, que bajo los principios del caudillaje, adopta formas de dictadura desde una concepción totalitaria o autoritaria del Estado. Esto supone que se produce la intervención y control por parte de las autoridades públicas de las diferentes esferas sociales, desaparece el reconocimiento de las libertades públicas y de los derechos civiles, así como la anulación del imperio de la ley y del principio de legalidad. En tercer lugar, cabe destacar un espíritu expansionista de talante imperialista y el rechazo de medios pacíficos en la resolución de los conflictos internacionales, de tal forma que se produce una primacía de lo militar que genera economías de guerra. En cuarto lugar, se anulan los sistemas de representación política liberales y frente a una representación inorgánica, se pasa a un modelo representativo de carácter orgánico y mediatizado por el Estado. Por último, y en quinto lugar, desaparece el pluripartidismo, esto es, la libre competencia para el acceso al poder. En los regímenes fascistas un único partido representa los intereses de la nación, y como con frecuencia sucede en los regímenes no democráticos, el partido se convierte en un instrumento esencial del régimen de control social que representa el todo y no una parte.

Como señalábamos no es posible la elaboración de una teoría general sobre el Estado fascista, no sólo por su falta de fundamentación teórica sino también por las divergencias entre los distintos estados calificados como fascistas; así por ejemplo el racismo que estuvo presente en Alemania, no fue un rasgo característico de Italia o de España, o por citar otro ejemplo, las relaciones del poder político con la iglesia fueron buenas en Italia y en España, y prácticamente inexistentes en Alemania. Algunos autores prefieren señalar que el fascismo fue algo propio y exclusivo de Italia, prefiriendo calificar el régimen nazi alemán cono nacional-socialista o el franquismo español como nacional-sindicalismo.

La segunda forma de Estado que caracterizó los tres últimos tercios del siglo XX ha sido el Estado comunista o socialista. Se trata del único tipo de Estado que surge de una concepción teórica previa, como es sabido, inspirado fundamentalmente en Marx, Engels, Lenin o Stalin y que en términos generales representa un modelo teórico unitario.

Aunque las formulaciones teóricas preveían la desaparición del Estado como tal, la praxis política no sólo no lo ha confirmado, sino que lo ha convertido en algo consustancial a los regímenes de talante colectivista. Además, es el único Estado concebido como un proceso evolutivo, esto es, se trata de una forma de Estado dinámica que prevé su propia extinción. El primer estadio de ese proceso lo supone la revolución, tras ella se instaura la dictadura del proletariado, una forma de dictadura provisional, extrema y violenta, cuyo objetivo es la ruptura de las estructuras institucionales existentes y la consecución de una sociedad sin clases, momento en el que el Estado ya no será necesario.

Paradójicamente el Estado socialista es en realidad heredero de las instituciones políticas liberales, si bien se les asigna a Éstas nuevas funciones. El Estado socialista y sus instituciones, concebidas como la superación del Estado liberal, se convierten en instrumentos para la consecución de fines políticos y sociales. Entre las características institucionales del Estado socialista cabe señalar la concepción planificadora del Estado, la existencia de un partido único como eje vertebrador y como órgano esencial del Estado, la supremacía -al menos teórica- del poder legislativo sobre el ejecutivo y judicial, y su organización a partir del centralismo democrático.

EL ESTADO DE BIENESTAR

Tras la caída del fascismo, y como reacción al Estado socialista, el liberalismo clásico dará origen a un nuevo modelo de Estado como fórmula para salvaguardar sus principios esenciales: el Estado democrático y social de derecho o Estado de Bienestar. De hecho, las características institucionales del Estado de bienestar mantienen en su esencia la estructura jurídico-política que había prevalecido en los Estados liberales de principios de siglo.

Frente a la concepción liberal clásica de Estado mínimo no interventor, el Estado pasa a convertirse en el primer agente económico como medio para hacer frente a las externalidades que se derivan de la economía de mercado y como consecuencia directa de la doctrina keynesiana. Se trata, en definitiva, de introducir correcciones en el Estado liberal-democrático de manera que pueda ser asumido como formula estatal por los sectores más próximos a los principios colectivistas. De hecho, para algunos autores como Dahrendorf este modelo de Estado es producto de un pacto que se produce tras la II Guerra Mundial entre liberales y socialdemócratas.

Aunque sus antecedentes inmediatos los podemos hallar en las reformas suecas que se producen entre 1932 y 1936, en el New Deal norteamericano de Franklin Roosvelt o en los frentes populares de Francia y España, en realidad su pleno desarrollo se produce en la II posguerra con el triunfo laborista en Reino Unido. Si bien se trata de una forma de Estado iniciada por los socialdemócratas, se va a producir un acuerdo más o menos tácito sobre esta forma de Estado que llevará a que se generalice en las sociedades occidentales. Así por ejemplo, en Alemania o Italia los presupuestos del Estado de bienestar serán puestos en práctica por los demócrata-cristianos.

Si el objetivo era proteger a los sectores más penalizados por el sistema económico, resulta lógico la introducción de políticas fiscales con fines redistributivos y la aplicación de políticas sociales, especialmente en sectores como el educativo, el sanitario o el de las pensiones. Pero a raíz de la crisis económica de mediados de la década de 1970, agravada a finales de la década de 1980, el Estado de bienestar entrará en crisis. Este modelo de Estado que parecía haber aplacado las reivindicaciones del movimiento obrero, al haber hecho frente, al menos en un grado mínimo, a sus demandas, no será capaz de solucionar problemas como las crisis cíclicas o el desempleo que caracterizan a la economía capitalista contemporánea. El Estado de bienestar que había nacido como una fórmula temporal y transitoria de reactivación económica, acabó institucionalizándose y provocando que los Estados gastaran más de lo que ingresaban. En palabras de O´connor, la crisis del Estado de bienestar es en realidad una crisis fiscal del Estado que inevitablemente conduce al hundimiento del sistema y que supone la superación de las propuestas intervencionistas de Keynes.

En la actualidad nadie duda que este tipo de Estado está atravesando profundas dificultades, pero las soluciones no son fáciles ya que políticamente no parece posible eliminar el déficit público de los Estados, sin pagar un alto coste político y social. Las crisis económicas reducen los ingresos del Estado al disminuir la población activa, las inversiones y, en consecuencia, las operaciones gravables que generan ingresos a los estados. En cierto modo la propia concepción del Estado de bienestar implica un crecimiento continuo del gasto público. Los ciudadanos de las sociedades occidentales han ido adquiriendo en el último medio siglo derechos sociales y económicos a los que difícilmente renunciarán. Fundamentalmente las propuestas de solución tienen dos vertientes: desde posiciones socialdemócratas se propone desarrollar las tasas de crecimiento económico de forma que se pueda continuar con programas de bienestar social y desde la concepción neoliberal se aboga por reducir la intervención del Estado.

Pero no sólo el Estado de bienestar parece haber entrado en crisis. El propio instrumento de organización de la vida política al que nos hemos venido refiriendo y que caracterizó los últimos cinco siglos de las sociedades occidentales también parece haber entrado en crisis. La propia idea de Estado se ve afectada y aunque es difícil predecir el futuro de la organización estatal, si se vislumbran algunas pautas futuras. Tras los dos grandes acontecimientos bélicos del siglo XX los Estados concuerdan en ceder a organizaciones internacionales -Sociedad de Naciones y Naciones Unidas- parcelas de soberanía a cambio de paz internacional Desde entonces los Estados han entrado en un proceso de internacionalización y globalización que afecta a la propia esencia de la soberanía estatal. El desarrollo de los medios de transporte y de comunicación, la continua integración de los estados en organizaciones de carácter supranacional y la internacionalización de la economía y la política han ido generado una paulatina difuminación de las fronteras estatales. Hoy ya no es posible hablar de Estado en el sentido que los hemos venido haciendo, pero a la espera de la consolidación de una nueva forma de organización política, la organización estatal debe seguir constituyendo el instrumento esencial en la construcción e integración supranacional.

LA ORGANIZACION DEL ESTADO

Una vez analizada la evolución de la institución política a partir de la cual se estructuran las sociedades desde el siglo XV, analizaremos a continuación brevemente, las formas que esa estructura estatal ha adoptado. Nos referiremos a los tipos y modos de organización política que adoptan los estados.

Desde la antigüedad clásica el pensamiento político ha elaborado clasificaciones comparadas sobre las formas de gobierno y de Estado. Ya Aristóteles nos ofrece en La República una distinción tripartita entre monarquía, aristocracia y democracia, que ha servido de modelo en el pensamiento posterior. Abundan entre la doctrina las clasificaciones sobre las formas de organización política, cuya diversidad se encuentra determinada por los criterios y las variables que cada autor utiliza en el análisis.

La Ciencia Política continental utiliza el concepto de régimen político para referirse a los modelos de organización política que un pueblo adopta dentro de un territorio. El concepto es de uso común desde la Revolución Francesa y en su primera acepción hacía referencia al nuevo orden político que se contrapone el Antiguo Régimen. Entre la Ciencia Política norteamericana se acuña el concepto de sistema político para hacer referencia a una realidad que en términos generales es similar al concepto de régimen político. No obstante, tiende a identificarse el concepto de sistema político con el instrumental que es necesario para el estudio de una sociedad políticamente organizada, de tal forma que para algunos autores y a efectos explicativos, el concepto de régimen político queda englobado, junto a otros, en el de sistema político

Siguiendo a Jean-Louis Quermnne definimos el régimen político como el conjunto de elementos de orden ideológico, institucional y sociológico que concurren a formar el gobierno de un país durante un periodo de tiempo determinado. Así, el régimen político viene a ser el resultado de la conjunción de factores que determinan la configuración estructural el Estado y el modo en el que se ejerce el gobierno. Entre estos factores destacaríamos, sin ánimo de ser exhaustivos, la ideología dominante, la naturaleza de las instituciones políticas, la tipología y el número de partidos, el sistema electoral, la estructura social o el modelo económico. La forma que adoptan estos factores y como se interrelacionan configura un tipo de régimen político -democrático o dictatorial-, un modelo institucional de Estado -república o monarquía- y una tipología de organización territorial -unitario o federal-. Nos referiremos a continuación exclusivamente a las tipologías de regímenes políticos y obviaremos el modelo institucional y las formas de organización territorial.


Estanislao de Kostka Fernández Fernández,
Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid