Hay ciertos temas en que la unanimidad de boquilla es absoluta: Servicios sociales, educación, sanidad, medioambiente, cultura... son cuestiones en que cualquier politiquillo que se precie dice que todas esas cosas son esenciales y que una alteración de las mismas es terriblemente mala y una lacra que hay que atajar. Y es lógico, por supuesto.
Sin embargo esos principios tan cacareados son más fáciles de predicar que de llevar a cabo, y te encuentras con que las prohibiciones que se exigen a los particulares son toleradas cuando quien hace la cafrada es la administración.
Un ejemplo práctico: en la espantosa carpa que, una vez más, se ha instalado tras el Ayuntamiento para venta de productos de Carnaval, se ha recurrido al anclaje sobre el mobiliario urbano y los árboles de la propia plaza. Esto, que el más elemental sentido común nos dice que no es correcto, supondría una sanción para la empresa que tuviera la osadía de hacer tal cosa salvo que lo haga amparada en el paraguas de Papá Estado, e incluso se prohíbe textualmente en el vigente pliego de bases de los puestos de San Froilán de los años 2016 a 2019.
Decían las bases, en su punto 14º de prohibiciones, que se vedaba expresamente clavar elementos punzantes así como colocar carteles, tomas de agua, instalar abrazaderas o cualquier elemento de sustentación o apoyo sobre el arbolado existente.... Esto, que parece responder a una obvia lógica de conservación del patrimonio natural, no se respeta en la carpa de Carnaval, y no me vale el es que se les fue porque es una cuestión habitual y recurrente cada vez que ponen ese horror ahí, que es a menudo.
¿Por qué tenemos que seguir tolerando que lo que hace la administración se impida al particular, o viceversa? Si la cuestión es un tema menor, ¿por qué se le prohíbe a los ciudadanos? Y si no lo es ¿por qué lo hace el Ayuntamiento?
Este ejemplo por supuesto se puede calificar de anecdótico, salvo por lo habitual de la situación y porque es algo que es extrapolable a muchos otros temas: La depuradora municipal que incumple la normativa y ahí sigue, mientras es sangrante la persecución al señoriño que se hace una casucha para sobrevivir en un terrenito donde no molesta a nadie (¡ojo! defiendo que se cumplan las normas, ¡pero todos!), o la puerta del propio ayuntamiento que incumple el PEPRI, la principal ordenanza urbanística del casco histórico ya que, inconcebiblemente, prohíbe la madera en su color natural.
Ya no digamos nada de las aberrantes construcciones que se hacen contra la Muralla: la Domus del Mitreo, que supuso aquella bestial roza al monumento o el ascensor ¡tan utilizado! tras la Diputación para acceder al adarve. Si se le ocurre a un particular no hay terreno que le llegue para escapar de la justicia y la ira de la administración.
Por supuesto tiene que haber normas, y nadie discute tal cosa. Quizá sí podríamos entrar a debatir sobre si es necesaria la actual diarrea de leyes, decretos, ordenanzas, órdenes, instrucciones y demás que los pobres mortales hemos de soportar mientras las entidades que los emiten se las saltan alegremente con la impunidad que les da saber que aunque hagan cafradas la multa la pagaremos entre todos, y si no miren lo que va a pasar con el Garañón.
Lo malo es que además estas cosas no se denuncian, o simplemente quedan en el tintero de la protesta en los bares porque ninguna organización se anima a dar los pasos necesarios para atajar tanta tontería. Las que quieren hacerlo muchas veces no tienen medios, y las que pueden hacerlo no están por la labor por razones que no comprendo.
Quizás es que sigo pensando que lo normal sería que todos jugásemos con las mismas reglas, y que fuera irrelevante que seas un pobre diablo que quiere instalar un puesto en las fiestas para ganarse la vida o la todopoderosa administración. ¡Inocente que es uno a estas alturas!
