Hace algunos años la asociación Lugo Monumental inició, bajo mi presidencia, una cruzada contra el comercio ambulante ilegal. Esta acción recibió duras críticas de esa parte de la ciudadanía que, lejos de sentir
lástima, aprovechaba cualquier ocasión para regatear al pobre mantero un par de euros para comprar el bolso o el reloj falsos.
Pero mira tú por donde que este mismo problema que en Lugo se atajó con un simple mensaje de que la tolerancia que durante lustros se había practicado utilizando la táctica del dolce far niente se había terminado, se pone ahora de actualidad en Barcelona, autodenominada capital de la tolerancia y el multiculturalismo en España. Y los argumentos esgrimidos son exactamente los mismos que utilizamos en su día en Lugo: que la actividad nutre las mafias, que los comerciantes pagan importantes impuestos, que la riqueza generada por la actividad legal repercute en la ciudad y la otra no
hay un largo etcétera de argumentos de perrogrullo, que me alegra ver reproducidos en la ciudad condal.
Imagino que Ada Colau, como es de la más progre de los progres, no tendrá que sufrir calumnias e insultos como los que sufrimos nosotros. Creo que racistas fue lo más suave que nos dijeron quienes, por lo visto, consideran que no es racismo dejar que la gente que venía lo hiciera en condiciones infrahumanas como todos recordamos al pensar en aquellos nauseabundos campamentos improvisados en los que malvivían los vendedores. Y todo, insisto, para comprar el Channel falso o el Rolex imitado. Cuando hicimos nuestra propuesta pedíamos que quien vendiera productos legítimos lo hiciera en condiciones idóneas de salubridad, como debe de ser.
Una parte de Lugo, con el alcalde a la cabeza, se resistió inicialmente a aquella cuestión, pero como la legalidad manda y desde el punto de vista de la legitimidad no había por dónde coger el tema, la policía se puso manos a la obra después de que el alcalde se pensara dos veces las cosas al ver que llegábamos hasta la Fiscalía. Llamativamente el juzgado archivó el tema, pero imagino que porque la cosa se enfocó incorrectamente por el entonces fiscal, imagino que en parte a propósito para dar un aviso y ver qué pasaba a partir de ahí.
Curiosamente no pasó nada. Hubo un incidente el primer año que se denunció el tema porque se permitió que se instalaran (a pesar de que habíamos advertido de que se denunciaría el asunto, pero nos tomaron a chirigota) pero desde esas no pasó absolutamente nada. La legalidad se impuso con total normalidad, como no puede ser menos, y en años siguientes el nivel de incidencias fue realmente anecdótico.
Imagino los sudores de los que desde la izquierda principalmente nos pusieron como hoja de perejil para explicar por qué nosotros éramos unos racistas asquerosos y Ada Colau es una buena mujer que hace lo que es correcto. Es divertido que cuando la dura realidad se impone frente a quienes echan la lengua a pacer por el mero hecho de hacer daño, sus propias argumentaciones se vuelven contra personas a las que teóricamente admiran.
Por mi parte tengo que reconocer mi agradable sorpresa ante la sensibilidad de la alcaldesa de Barcelona con el tema. Visto su apoyo más o menos expreso a los okupas me ha impresionado que acepte el punto de vista del honrado comerciante que paga sus impuestos, indefenso ante la avalancha de personas que van a vender productos falsificados frente a sus mismas puertas.
Está claro que al final el sentido común ha de imperar, y que si quieres dirigir una administración has de hacerlo recaudando impuestos, que vienen de actividades legales. Esto es así y no hay más vueltas que darle.
Barcelona nos da la razón, aunque si les soy sincero tampoco es que nos hiciera falta. Ya la teníamos
pero todo ayuda.
