El derecho a decidir

Pocos conceptos han sido tan usados y “abusados” ultimamente en España como el “ derecho a decidir” , esgrimido por unos y los otros para absolutamente todo. Los políticos autodenominados progresistas y también los llamémosles conservadores, lo usan sin pudor a su antojo, para apoyar las posiciones más dispares ya que vale para todo.

Cuando estudiaba Hacienda Pública con el Profesor Fuentes Quintana, a principios de los sesenta , una de las primeras cuestiones que nos explicaba , es que no se les puede preguntar directamente a los ciudadanos si quieren o no pagar impuestos , por que la respuesta seria un NO rotundo, por una abrumadora mayoría de los ciudadanos, de cualquier país del mundo mundial.

Los impuestos son eso, impuestos. En su magnífico libro sobre la Hacienda Pública, el Profesor y político italiano Luigi Einaudi, se pronunciaba en el mismo sentido, lo que nos indica que el derecho a decidir , incluso en paises democraticamente avanzados , no es un derecho absoluto y universal, por mucho que sea una cuestión que les interese a todos los ciudadanos, ya sea a nivel individual , familiar , de clase, territorial , precisamente la superación de estos “ derechos a decidir “, está en la génesis misma de la creación de los estados modernos y democráticos, y aún más está en el ADN de la vieja idea de Europa y concretamente en el largo y difícil proceso de integración europea, del que los españoles formamos parte.

Otro concepto de la teoría de la Hacienda Pública es la progresibidad de los impuestos. La contribución personal, individual, al sostenimiento de los gastos generales, no solo ha de ser proporcional a los ingresos de cada ciudadano , sino que es aceptado que a mayor ingreso, la contribución al erario público, debe ser cada vez progresivamente mayor, en aras a la justicia social, con los prudentes límites de no caer en la confiscación, por que se puede originar el efecto no buscado de disminución de los ingresos públicos, como ha pasado recientemente en Francia, donde muchos “ricos” se han marchado a hogares tributarios menos agresivos y amables, al implantar Hollande impuestos para las grandes fortunas. Podrá considerarse insolidario este derecho a decidir de los “ricos” ante una fiscalidad alta , pero en este mundo globalizado es el mayor motivo de huida de capitales, juntamente con situaciones de miedo o seguridad, ya que la tecnología facilita la desubicación casi instantánea de muchos de los activos financieros . Pueden huir, además de las personas físicas y las jurídicas, los activos financieros , bienes automóviles y/o semovientes, buques, etc., pero no los bienes de naturaleza inmobiliaria o territorial. Y hay que tener en cuenta que los sujetos pasivos y/o obligados al pago son siempre, exclusivamente personas físicas o jurídicas, nunca territorios . Es un juego bastante inútil y frágil el de las balanzas fiscales como argumento de superavit recaudatorio respecto a las transferencias e inversiones por parte de la Hacienda central como uno de los elementos más sólidos del derecho a decidir de cara a una secesión , porque la situación recaudatoria puede cambiar en muy poco tiempo con unos simples cambios de domicilio social y fiscal de unas pocas grandes empresas, y esto vale para Cataluña y también para el País Vasco, y Galicia. Y estos cambios pueden ser voluntarios , inducidos o simplemente obligados , con lo cual una balanza positiva se vuelve negativa en uno o dos ejercicios fiscales, por lo que es un argumento absurdo eso de que en un territorio se paga más de lo que se recibe, por que es una cosa normal y justa a nivel de los sujetos pasivos , y porque, territorialmente, es una cuestión inestable y reversible, por simple voluntad política.

El derecho a decidir es, como concepto, impreciso, ya que deja en el aire el quién , el que, el como, etc. ¿ El derecho corresponde a todos los que estén afectados ? , ¿ o solo a aquellos que ellos mismos se definen como titulares de ese derecho, excluyendo a los demás, utilizando toda clase de argumentos pintorescos cuando no engañosos, en incluso falsos ?. Tomando como referencia al Primer Ministro Francés , Manuel Valls, nacido en Barcelona, que habla el español y el catalán con corrección y fluidez, la segregación de un territorio de un Estado de la UE no puede no tener consecuencias , pues atenta, seriamente , no solo a los habitantes de ese territorio y los de la Nación de la que pretenden segregarse, sino que afectan gravemente a los europeos y a su proyecto europeo. ¿ Tendrían que pronunciarse todos los afectados europeos ante una segregación de una región como Cataluña o El País Vasco ?¿ todos los españoles ? o ¿solos los catalanes y los vascos ? . ¿ Por qué no puedo yo y mi mujer, segregarnos, si asi lo decidimos ambos , utilizando nuestro derecho a decidir ?, o cualquier otra chorrada egoista e insolidaria que se nos ocurra.

Lo que es meridianamente claro que el todo es más que el sumatorio de las partes. Y que de ese todo europeo se han venido a España transferidos, anualmente, fondos por miles de millones de euros , y eso ha beneficiado a todos , incluso a los que han transferido los cuantiosos fondos, que no se sienten ni estafados ni robados.

El derecho a decidir es más un argumento sentimental que político, que trata de incidir en intereses particulares muy exacerbados y sensibles por la crisis , propensos a acogerse irracionalmente a una tabla de salvación, porque se están ahogando , muy lejos , por tanto de considerar argumentos de interés general , incluso de su mismo colectivo. Es un argumento populista , de telepredicador , de salvapatrias , de espadones libertadores , golfos , mentirosos , etc, que solo pretenden encender los ánimos, controlar la situación presente y especialmente la futura que, sin conmiseración, suprimirán todos los derechos democráticos y dominarán con mano férrea, sin pretensión de abandonar la presa . La historia europea nos da repetidos y variados ejemplos horripilantes de esta prédica sentimentaloide, aparente inocua y salvadora.

Al Gobierno le toca gobernar, y al partido mayoritario de la oposición, le toca apoyar las medidas que se puedan tomar para atajar una situación que se agranda y agrava por momentos y que con solo calificaciones de ilegalidad, se ve que no hacen el menor efecto. La Constitución Española y las Leyes administrativas y penales , disponen de instrumentos suficientes para poner coto a la ilegalidad manifiesta en que se ha puesto la Autonomía Catalana. En la antigua Jura de Bandera, en la mili, se decía algo asi como : si no, Dios y la Patria os lo demandará , a lo que añado : y los españoles también , pero mucho antes.

DESDE CATALUÑA, CON AMOR.