Un Estado con Ley pero sin Justicia

UN ESTADO CON LEY PERO SIN JUSTICIA

“El único Estado estable es aquel en el que todos los ciudadanos son iguales ante la ley” (Aristóteles).

Como decía Paul Kennedy en su libro Auge y caída de las grandes potencias, “para sacar a un Estado de la barbarie y llevarlo a la mayor opulencia apenas se necesita algo más que paz, impuestos razonables y una administración de justicia tolerablemente buena…”; todos ellos, sin duda, principios básicos que parecen irrenunciables para poder construir una sociedad equilibrada que, además de procurar la prosperidad económica, pretenda mostrar un mínimo de respeto por los derechos de todos y cada uno de sus individuos.

La necesidad de mantener una administración de Justicia en la que podamos confiar y que merezca tal apelativo se constituye, pues, en una condición irrenunciable para poder construir un sistema de convivencia que se levante sobre unos cimientos sólidos y fiables, en la que la igualdad de todos sus miembros ante la ley sea garante de dicha convivencia y así lo reconoce la Constitución Española en su artículo 14, en el que define con toda claridad la igualdad jurídica de todos los ciudadanos españoles.

Parece claro, por tanto, que desde los tiempos de Aristóteles hasta nuestros días, la igualdad de los ciudadanos ante la ley debe ser el pilar básico sobre el que se debe construir cualquier convivencia democrática para que ésta sea estable y duradera y para ello es imprescindible que la administración de Justicia funcione de forma totalmente independiente, alejada de cualquier intento de manipulación por parte de los demás poderes del Estado.

Sin embargo, la realidad española parece negar tanto la teoría aristotélica como su propio voluntarismo constitucional, desde el mismo momento en que los partidos políticos han secuestrado a la Democracia para sustituirla por una “Partitocracia” fraudulenta y mafiosa, en la que el poder ya no reside en los ciudadanos sino en los propios partidos, edificada sobre políticas basadas en la mentira y el miedo, ambas instrumentadas por la casta política y por sus terminales mediáticas en beneficio propio y en detrimento de los intereses colectivos, en la que la existencia de múltiples y variopintos clanes familiares, tales como los Fabra en Castellón, los Baltar en Orense, los Puyol, tan de actualidad, en Cataluña, los Chaves en Andalucía, etc, que se han ido especializando en el desempeño del monopolio político con el único fin de acaparar cada vez mayores cuotas de poder político y económico en su propio beneficio, aún a costa de desposeer a la generalidad de la ciudadanía de los más básicos servicios sociales, no son más que un rasgo definitorio de su talante antidemocrático y de su naturaleza mafiosa.

El otro rasgo definitorio de esta naturaleza es la impunidad jurídica con la que se ha blindado la casta política, mediante dos mecanismos principales: por un lado el vasallaje del Ministerio Fiscal a los intereses del Ejecutivo, a través del nombramiento del Fiscal General del Estado por parte del propio Gobierno, cuyo titular debería denominarse más apropiadamente como “Fiscal General del Gobierno” y por otra parte, gracias al aforamiento del que se han dotado sus señorías y a la compra “democrática” de jueces y tribunales a la medida de sus necesidades. Ambos mecanismos han provocado que los aforados y, por extensión, los cargos políticos en general sean individuos que desarrollan su actividad al margen de la ley y ha establecido, de facto, una fractura jurídica entre los administradores políticos y sus administrados, el conjunto de los ciudadanos españoles. La existencia de tribunales especiales, como el Supremo o el Constitucional, únicos facultados para poder juzgar a la legión de aforados españoles, cuyos miembros han sido elegidos en su totalidad por la propia casta política mediante distintas vías que no tienen de democráticas más que su propio nombre, ha hecho que, en la práctica, estos aforados vivan en una situación de total impunidad jurídica, de cuyas consecuencias se deriva la espiral de corrupción protagonizada por sus beneficiarios y que afecta a todas las administraciones españolas sin excepción, más propia de un sistema neofeudal que de una democracia parlamentaria.

Esta existencia de dos varas de medir jurídicas, según se trate de individuos aforados o de ciudadanos comunes, ha consumado la idea de que la Democracia en España se ha convertido en una burda farsa política, dirigida por una casta de corruptos, sin principios, sin ética y sin el más mínimo sentido del honor, cuyas consecuencias inmediatas han sido la constatación de una profunda desconfianza de los ciudadanos en la clase política y en sus instituciones, así como una gran frustración y una gran indignación social, lo que está socavando los cimientos de nuestra convivencia democrática y, lo que es más grave, está consagrando la existencia de un Estado con Ley pero, en la práctica, sin Justicia.