Desigualdades

Según un estudio de Oxfam Intermón, España, es el país europeo con más desigualdades sociales tras Letonia, y los 20 españoles más ricos acumularían una fortuna de 77.000 millones de euros, el equivalente a la renta del 20% de las personas más pobres. Si el IPC (Índice de Precios al Consumo) ha subido un 7,1 % entre 2009 y 2013, con subidas de precios escandalosas en el caso de la gasolina (70 %), la luz (33 %) y el agua (21 %) y, por otra parte, los salarios bajan, lo cual significa que los que venden ganan más y los que compran ganan menos y gastan más, el resultado lógico es que haya desigualdades, y la consecuencia más grave es que tengamos 2.306.000 niños (un 27 % de la infancia) viviendo bajo el umbral de la pobreza, sólo superados por Rumanía, según el informe anual de Unicef.

Para corregir las desigualdades no se trataría de quitar el dinero a los ricos y dárselo a los pobres, sino de que los que se hagan ricos lo hagan cumpliendo ciertas condiciones y no con ventajas o a costa de otros, creando miseria. Sólo con esto ya no habría tantas desigualdades. Porque el problema no es que alguien se haga muy rico, sino los métodos empleados, es decir, la insaciable codicia de algunos. Hablando de ventajas, no se entiende que las grandes empresas paguen un impuesto de sociedades real entre el 5 y el 10 %, mientras hay trabajadores y funcionarios que pagan un IRPF del 25 %, porque es una forma de quitar dinero a los pobres, que verán mermadas las prestaciones sociales del Estado.

Uno se puede hacer rico emprendiendo alguna actividad rentable, para lo cual habrá que tener una gran visión del negocio y trabajar mucho al principio. Pero para hacerse muy rico, no basta con trabajar mucho, se necesitan otros factores, y algunos empresarios, no todos, consiguen aumentar sus ganancias defraudando a Hacienda, tributando en paraísos fiscales, pagando bajos salarios, llevando las fábricas al tercer mundo, ahogando a los productores agrícolas y ganaderos con precios irrisorios, o exprimiendo a los consumidores con precios abusivos en el caso de los oligopolios y, por supuesto, ¡poniendo a trabajar al consumidor! para ahorrar puestos de trabajo. De los grandes inversores mejor no hablar, porque estos tienen todas las ventajas, sobre todo en el ámbito fiscal. Luego están las grandes fortunas, que parten con ventaja y cada vez son más ricos.

La fórmula para combatir las desigualdades sería muy sencilla, otra cosa es que los políticos, frecuentemente enfrascados en debates estériles sobre la herencia de Zapatero, quieran aplicarla, porque afectaría a los beneficios de los inversores y de las empresas (sobre todo las grandes). Consistiría en combatir el fraude fiscal y los paraísos fiscales; en gravar más a las rentas del capital; en elevar el salario mínimo interprofesional al nivel de otros países europeos (alrededor de 1.000 €); en que las empresas del IBEX paguen un impuesto de sociedades real del 30 % o el 25 % en el futuro, sin desgravaciones (lo que, por otra parte, permitiría rebajar los gastos de seguridad social que suponen los trabajadores para las empresas); en vigilar que se cumplan las ocho horas de jornada laboral y que no haya ningún trabajador sin contrato; en penalizar a las empresas que lleven sus fábricas al tercer mundo...

El empresario ideal, que habría que apoyar, sería aquel que paga salarios justos por jornadas laborales de ocho horas, tiene a todos los empleados con contrato, paga la seguridad social, paga sus impuestos en España, tiene seguridad en el trabajo y fabrica en España. A partir de ahí, como es lógico, todo el beneficio restante para el empresario, y si se hace muy rico no hay problema, porque sería después de haber cumplido con todo lo que tenía que cumplir.

Por otra parte, habría que eliminar definitivamente los restos de la burbuja inmobiliaria y de la especulación del suelo para solucionar el problema de los elevados precios de la vivienda que provocan que la gente no pueda consumir otros productos porque ya no le queda dinero para ello, y que dio lugar a un estúpido modelo económico en el que invertir en viviendas era un negocio porque cada vez valían más. Y, por supuesto, potenciar actividades que crean riqueza como la industria y la agricultura.

En estas condiciones no sería necesario quitarle nada a los ricos para dárselo a los pobres, y el Estado tendría dinero suficiente para financiar la educación y la sanidad públicas, las pensiones y el subsidio de desempleo, y cualquier trabajador trabajando ocho horas diarias ganaría lo suficiente para sufragar las necesidades básicas: alimentación, vivienda, ropa y gastos corrientes.

Pero las cosas no se han hecho así y los Gobiernos no han combatido la burbuja inmobiliaria, el fraude fiscal ni la corrupción político-empresarial ni el despilfarro autonómico (¿son necesarios 17 Gobiernos para gobernar un país?) y, en consecuencia, se han endeudado enormemente para mantener el estado de bienestar, y en esa situación es cuando atacan sin piedad los mercados financieros que son, junto con las multinacionales, nuestros verdaderos "amos".