Una locura legislativa

Pocas veces tiene uno la ocasión de ver una denominación de una ley más inadecuada al contenido real de la misma como la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, tanto es así, que cabe pensar que se la puso un cínico o un provocador, por que es todo lo contrario a la racionalización de un sector importantísimo y transcendente para la vida de los ciudadanos españoles y desde luego es insostenible económicamente con una administración local como la que contempla esta ley, que lo único que hace es consolidar la ineficaz y corrupta monstruosidad actual e incluso que la encarecerá.

Que hay que hacer una profunda revisión de la administración local en España, es una cuestión que no es discutida seriamente por nadie. Hay que tener en cuenta que sustancialmente,la configuración, tal y como la conocemos hoy, data de las Cortes de Cadiz en 1812, en la que la población española ascendía a unos 11.500.000 de vecinos o almas ( se contaban por lumbres, en terminología de Madoz) , más de las tres cuartas partes residentes en la zona rural y el 90% analfabetos, sin comunicaciones ni medios de locomoción, en la mayor parte del territorio.

Academica y tecnicamente no tiene discusión en que hay que reducir drásticamente el número de ayuntamientos como lo vienen haciendo en toda Europa, no pueden seguir existiendo 8.119 ayuntamientos, 4.500 de menos de 1.000 habitantes que solo suponen el 3,5% de la población. ( 4.000 de menos de 500) ; no puede ser que el término municipal de Cáceres tenga 1.750 km/2 y Rábade donde coincide el territorio municipal , con una parroquia y un núcleo de población ; o provincias como Burgos con la locura de 371 municipios o Salamanca con 362. Hoy con una población de mas de 45 millones de habitantes, con un grado muy alto de urbanización , con toda clase de comunicaciones ( carreteras, teléfono, televisión, internet, etc) mantener este tinglado administrativo absurdo, carísimo e ineficaz , de más de ocho mil municipios, con más de cincuenta provincias, con las autonomías y el Estado , es lo que no es racional y por aquí debíamos de haber empezado , suprimiendo más de 5.000 municipios , los que no tengan , por ejemplo más de 20.000 habitantes , formando obligatoriamente unidades municipales de este calibre, que puedan prestar servicios de forma eficiente , eficaz y económica y, claro, suprimiendo las yacentes y momificadas Diputaciones. Aunque esto está implicitamente admitido en la ley, no se obliga a la fusión y se deja a la voluntad de los municipios y, por tanto, no se llevará a cabo, por cuanto los partidos y los políticos no renunciarán nunca a este enorme y jugoso pastel, no solo para disponer a su antojo de cuantiosos fondos, dedicaciones exclusivas generosamente remuneradas, colocación de asesores y personal de confianza , y otras maandurrias y privilegios . Los intereses partitocráticos, prevalecen, en este País, siempre sobre el interés general, y en esta ley queda clarísimo.

Pero la ley de ”racionalización “, resucita las Diputaciones, dotándolas de competencias que les quita a los ayuntamientos pequeños, y quita absurdamente a los ayuntamientos competencias tan lógicas, por próximas, como son la prestación de servicios sociales, la promoción económica y turística, espectáculos públicos, medio ambiente, etc., que podrán ejercer por delegación de la Comunidades Autónomas, acompañada de la correspondiente financiación, pero la administración delegante dirigirá y controlará el ejercicio de los servicios delegados dictando instrucciones generales e inspeccionando su ejercicio, o sea el ayuntamiento sera un mero gestor , en el mejor de los casos . El “carajal” está servido, los secretarios e interventores advierten que no podrán conformar pagos de estos capítulos mientras no estén firmadas las delegaciones , con lo cual el colapso municipal y lo que es peor, la paralización de los servicios a los ciudadanos está asegurada. La Xunta intenta ahora llevar al Parlamento , por el trámite de urgencia , una Ley autonómica que “interprete “ y “ aclare” la ley del Estado. ¡ lo nunca visto !. La ley coctelera , es un bodrio intragable , hecha por politiquillos del tres al cuarto y sin la participación efectiva de expertos y técnicos del mundo local.

Vengo sosteniendo que la excesiva politización de las instituciones es el origen de la corrupción generalizada e institucionalizada que soportamos y que tanto nos preocupa. Esa excesiva politización se visualiza perfectamente en los ayuntamientos y diputaciones : excesivas delegaciones y dedicaciones exclusivas de concejales y diputados, directores generales, asesores, personal de confianza, concejales no electos, gastos de los grupos políticos, etc., que no solo encarecen innecesariamente el costo de gestión politica, sino que ralentizan, cuando no paralizan la administración, y lo que es peor es el germen de la corrupción en todos los casos. No tiene sentido que un ayuntamiento como el de Lugo o la Diputación de Lugo tengan hoy una impenetrable costra política de más de 40 personas, cada una , por encima de la estructura funcionarial, en su mayor parte, personas ineptas, sin experiencia en ningún trabajo, procedentes alguna del paro y cuyo único mérito es que son de un partido, familiares, “ amiguitas/os” etc, y que muchos de ellos cobran más que los funcionarios técnicos que han accedido por oposición.

Si se quiere racionalizar habría que meterle mano a esta absurda y despilfarradora forma de dirigir una institución , que en cualquier escuela de negocios se pondría perfectamente poner como ejemplo de lo que no hay que hacer para dirigir una institución pública o privada . Había que meter la cuchara para limpiar lo espeso y aligerar las estructuras directivas, ¡ que digo cuchara , podría utilizar un cazo o una pala , para limpiar los “cazos” que estas superestructuras acasionan!. Una ley racionalizadora tendría que meterse a fondo con esta locura de organización y sistema de gobierno, pués lo hace, pero no para simplificarla tanto en lo barroco de su diseño , como en el coste ; lo si que hace es consolidar el sistema, incluso en muchos casos encarecerlo , por lo menos potencialmente . Por ejemplo si cojemos al Ayuntamiento de Lugo y aplicamos la ley racionalizadora :

- El sueldo del Alcalde queda fijado en el 75% del sueldo de un Subsecretario de Estado , esto es unos 45.000€ por lo que se reducirá se reducirá el sueldo actual en un 25%, ya que gana unos 60,000 €

Los concejales que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederán a 15. Hoy prestan servicio en régimen dedicación exclusiva los 9 del PSOE y los 2 del BNG o sea 11 y una media dedicación del PP . Agotarán las posibilidades , no me cabe la menor duda .

El personal eventual no podrá exceder al número de concejales esto es 25. Hoy son 16. Una mina para los partidos. Este personal tendrá que asignarse a servicios generales en cuya plantilla aparezca consignado , pero podrán excepcionalmente asignarse , con carácter funcional, a otros servicios si asi lo refleje expresamente el Reglamento Orgánico de la Corporación , que , sin duda, lo recogerá. O sea, empeora el panorama y lo encarece.

Lo mismo cabe decir de la Diputación, que se asimila al Ayuntamiento en cuanto a sueldo del Presidente que quedaría en unos 45.000€ ( hoy más de 63.500 €), número máximo de diputados con dedicación exclusiva 15 y número máximo de personal eventual 25. Hoy son 13 los diputados con dedicación exclusiva y uno con dedicación parcial y 23 de personal eventual. Un verdadero despropósito, disminuirán algunos sueldos escandalosos pero podrá aumentarse el número de personal político que cobra sueldo.

Tampoco es afortunada la ley para regular la provisión de puestos reservados a funcionarios de habilitación nacional ( secretarios e interventores), que es una vergüenza actualmente, y es una cuestión importante si de verdad queremos luchar contra la corrupción institucionalizada en el mundo local. Sigue siendo atribución de las corporaciones la aprobación de las bases del concurso ordinario, y la provisión por el sistema de libre designación de ciertas plazas y su cese. Increíble pero , por desgracia , cierto. Seguirá la corrupción instalada generalizadamente.

El escándalo de la desesperada situación del personal al servicio de las corporaciones locales, como consecuencia del poder omnímodo de los alcaldes y presidentes de las diputaciones sobre el personal, que produce situaciones de favoritismo unos y otros de persecución, denigración, acoso, violación, preterición, abusos y desviaciones de poder, etc, la ley ni lo intenta. ¿ pretende ignorarla o pretende expresamente desviar la atención y mirar para otro lado? ¿ profesionalización de la función pública local , para que ?¿ no será para garantizar la continuación de la corrupción ?

No sigo comentando; ya he hecho mucha sangre y, aunque quedan muchos temas maltratados por la ley, son más técnicos y aburriría más a los lectores, si no lo he hecho ya , por lo que pido perdón anticipadamente.

Por formación académica especifica y por el ejercicio en funciones directivas en la administración local y otras administraciones, durante muchísimos años , aunque ya esté jubilado, me puedo considerar, humildemente , como algo experto en el tema, esta ley coctelera o tren , por que pica en muchos aspectos de la vida local, utilizando la desagradable técnica legislativa de ir derogando unos artículos y otros no, sin pararse en publicar una ley compilativa que permita dar una visión de coherencia normativa y facilitar su uso sin tener a la vista tres o cuatro normas legales, me parece un bodrio, sin paliativos, una locura legislativa.

Se nota patentemente en esta ley la cerrazón de los partidos y de los políticos, de no perder un enorme pesebre , ¿que no nos lo podemos permitir económicamente ?, ¿ que técnicamente un equipo de gobierno así diseñado es inoperante ? ¿ que esto fomenta la corrupción ? ¡ pués que se jodan los ciudadanos ! Con estos mimbres políticos, no se puede hacer una buena cesta.

Es una ley fallida y para la ciudadanía otra ocasión perdida.